El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y del European Environmental Bureau (EEB) firman un documento conjunto para compartir sus principales preocupaciones en relación con los trílogos sobre la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales.
La “Regulación del Metano” de la Unión Europea debe mejorar el control, el monitoreo y la reducción de las emisiones de metano.
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha presentado sus comentarios al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) actualizado para el periodo 2023-2030, en el trámite de consulta pública que ha tenido lugar entre el 28 de junio y el 4 de septiembre de este año.
La nueva planta de biomasa de Logrosán, ubicada en Extremadura, se verá sujeta a requisitos ambientales más estrictos como resultado de un recurso de alzada presentado por el IIDMA contra la autorización ambiental concedida por el Gobierno de Extremadura.
El IIDMA, Ecologistas en Acción y la red Gas No es Solución, han presentado alegaciones al proyecto de exploración e investigación de hidrógeno y helio en Monzón.
El IIDMA presenta proyecto europeo para dar a conocer las diversas soluciones jurídicas a la crisis climática a nivel internacional, europeo y español, haciendo hincapié en la necesidad de aumentar nuestra capacidad de adaptación al cambio climático.
El Gobierno de Asturias juega un rol esencial al tener que otorgar a ArcelorMittal las autorizaciones ambientales necesarias para desarrollar las instalaciones que permitirán alcanzar los objetivos de descarbonización.
El IIDMA ha recibido el Premio Iberdrola Convive en la categoría de Investigación, Conocimiento e Innovación por su proyecto “Cómo Conciliar el Despliegue de las Renovables con la Biodiversidad y el Territorio a Nivel Nacional y Autonómico”
Los planes de formación de la escuela judicial deben incluir los temas ambientales para ofrecer respuestas jurídicas solventes a la crisis ambiental y climática.
El proyecto de real decreto introduce un marco adecuado que proporcione seguridad jurídica, prevea la identificación y eliminación de barreras y contemple las medidas necesarias para el desarrollo de las comunidades energéticas, pero también suscita dudas acerca de qué figuras jurídicas pueden utilizarse para su constitución.
