El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente IIDMA, Ecologistas en Acción y ClientEarth han puesto en conocimiento de la Comisión Europea sus dudas acerca del cumplimiento de España de la Decisión del Consejo 2010/787/EU sobre ayudas estatales para facilitar el cierre de las minas no competitivas. Las organizaciones remitieron una carta de forma conjunta el 27 de junio exponiendo hechos y datos que ponen en cuestión si determinadas empresas cumplirían con las condiciones del Plan de Cierre. Las organizaciones también requieren a la Comisión que analice los posibles casos de incumplimiento identificados, que clarifique su posición al respecto y que tome acciones en caso de que la información presentada sea cierta.
La legislación europea no permite el cierre parcial de las minas incluidas en el Plan, que deben cerrar en su totalidad antes de final de diciembre de este año a no ser que devuelvan las ayudas que les fueron concedidas para paliar las posibles pérdidas económicas. Sin embargo, algunas de las empresas mineras españolas pretenden disgregar pozos dentro de las unidades de producción para que continúen en funcionamiento tras finalizar 2018, algo contrario a la Decisión del Consejo y también a la Decisión de la CE por la que se aprueba el Plan. Es el caso de la compañía estatal HUNOSA, que anunció recientemente su intención de mantener abierto el Pozo de San Nicolás*, lo que significaría segregarlo de la unidad de producción Caudal. Esto está prohibido al haber recibido subvenciones para garantizar el cierre en su totalidad.
Por otro lado, estas subvenciones se concedieron con el fin de ayudar al cierre determinadas unidades de producción minera que no eran rentables dentro de un proceso de transición justa. A pesar de ello, de acuerdo con información hecha pública en medios de comunicación, algunas empresas en Asturias que se han beneficiado de este tipo de ayudas y que están en procesos de liquidación están considerando vender las minas a terceros, con la idea de mantenerlas abiertas más allá de 2018, sin necesidad de que la empresa compradora devolviese las ayudas percibidas con anterioridad. Estos actos estarían alentados por el propio Gobierno de Asturias, que apoya el mantenerlas en funcionamiento. Este tipo de maniobras son contrarias a derecho por lo que la Comisión Europea debería sancionar ya que las ayudas están ligadas a los yacimientos y no a sus propietarios. Por tanto, independientemente de quién sea el propietario, las ayudas deberían devolverse en caso de querer mantener esas unidades de explotación abiertas de acuerdo con las decisiones de la UE pues sólo las minas no rentables pueden ser beneficiarias de ayudas. Las que sigan operando después del 31 de diciembre de 2018 deberán devolverlas.
“Los casos identificados son contrarios a derecho y contravienen el objetivo del Plan de Cierre de Minas. Es urgente que España y el Gobierno de Asturias trabajen ya en garantizar una transición justa para las regiones mineras y los trabajadores. No se puede mantener de forma artificial minas que no son rentables y que absorben ayudas que podrían ser empleadas en esa transición justa. Pedimos a la Comisión Europea que controle el destino y fin de las subvenciones y que garantice que se emplean de la forma establecida en la legislación y en los planes de cierre” afirma Carlota Jover, abogada medioambiental de IIDMA.
