[Tribuna originalmente publicada en la revista ‘Energías Renovables]
La Unión Europea adoptó en 2020 la Estrategia para la Energía Renovable Marina, que preveía un aumento desde los 12 GW de eólica marina instalados hasta al menos 60 en 2030, con el objetivo de alcanzar los 300 GW en 2050. Dichas previsiones podrían elevarse aún más teniendo en cuenta el aumento de los objetivos de reducción de GEI, por un lado, y el aumento de la cuota mínima vinculante de generación de energía proveniente de fuentes de energías renovables que en breve será introducido por la reformada Directiva de Energías Renovable (DER): de al menos el 32% del consumo final de energía para 2030 a un 42,5%.
En España, el borrador de revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, presentado en junio de 2023, prevé alcanzar los 3 GW de potencia offshore en 2030, mientras que la Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España de 2021 planteaba una horquilla de entre 1 y 3 GW.
Sin embargo, desde el 26 de junio de 2021 no se admiten solicitudes de nuevas reservas de zona de instalaciones de generación eólicas marinas en el mar territorial ni de autorización administrativa hasta que se adopte un nuevo marco jurídico que sustituya al Real Decreto (RD) 1028/2007, de 20 de junio, por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de esas solicitudes de autorización.
Bajo dicho RD, el procedimiento previsto era excesivamente largo, más de 10 años. A pesar de que el Plan + Seguridad Energética se comprometía a aprobar un nuevo marco antes de finalizar el año 2022, y que regularía al menos los siguientes aspectos: el procedimiento de autorización de las instalaciones eléctricas, el otorgamiento de derechos sobre el uso del espacio marino, el acceso y conexión al sistema eléctrico y el marco de impulso a la inversión mediante instrumentos de concurrencia competitiva, ese marco normativo no se ha adoptado aún.
Los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo necesarios para identificar las zonas potenciales donde poder desarrollar esos proyectos no fueron aprobados hasta febrero de 2023, es decir, con dos años de retraso.
La reforma de la DER, a punto de adoptarse, tendrá un impacto indiscutible en la futura regulación en España, ya que esta exige tanto la identificación de zonas para la aceleración de renovables, como la elaboración de planes que identifiquen esas áreas y las reglas aplicables.
Para la elaboración de estos planes los estados miembros tendrán 27 meses, una vez que entre en vigor la Directiva. Asimismo, esta Directiva introducirá plazos más cortos y claros para los procedimientos de expedición de la autorización de las instalaciones de energía renovable, con el propósito de acelerar el despliegue de estos proyectos.
Para el caso de los proyectos de renovables marítimas ubicados en zonas de aceleración de renovables, en principio se prevé que el procedimiento de autorización no podrá demorarse más de dos años. Para los proyectos de renovables marítimas ubicados fuera de las zonas de aceleración de renovables, el plazo será mayor.
A pesar de la aceleración en los procedimientos de autorización para la eólica offshore, es difícil que en España tengamos un marco adecuado para poder desplegar los 3 GW propuestos, pues, junto con un nuevo RD, habrá que identificar esas zonas de aceleración en primer lugar.
Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de señalar que en la UE la protección de la biodiversidad y los ecosistemas marinos es esencial a la hora de realizar ese despliegue y que, para ello, se tendrán que tener en cuenta los impactos por proyecto y acumulativos de todo el despliegue.
El Tribunal también señala que el acceso a las materias primas es esencial y habrá que ver si el abastecimiento estará asegurado. Al mismo tiempo, y aunque ese Tribunal no lo señala, habrá que ver si la administración cuenta con los recursos humanos suficientes para poder otorgar esas autorizaciones en los plazos establecidos.
Con todos estos elementos sobre la mesa, alcanzar los 3 GW de eólica marina en España se presenta una misión imposible.
Ana Barreira
Ana Barreira es directora y abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M en Estudios Jurídicos Internacionales (New York University) y en Derecho Ambiental (London University).
