El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) junto a la organización de derecho medioambiental europea ClientEarth, ha presentado un informe que analiza el control y ejecución de la Política Pesquera Común (PPC)en España centrándose en la aplicación de los Reglamentos de Control de Pesca (RECP), y de Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), ambos en vigor desde el año 2010. El informe analiza datos a nivel estatal y en algunas Comunidades Autónomas, ya que estas ostentan determinadas competencias exclusivas en materia de pesca, siendo necesario un gran grado de coordinación en la Administración.
Las conclusiones son positivas: tras la adopción por la Comisión Europea de un Plan de Acción en 2012 debido a la existencia de deficiencias en el sistema español de control de pesca, España ha realizado avances significativos, aunque aún deben mejorarse algunos aspectos. Cabe destacar que el listado de infracciones en materia de pesca en España es más amplio del establecido por el RECP, y la legislación española es más severa en cuanto a incumplimientos en materia de pesca INDNR. . En relación con la lucha contra la pesca ilegal, España es líder a nivel europeo, destacando las medidas aplicadas por el MAPAMA en el marco de las Operaciones Sparrow I y II, que resultaron en la imposición de las multas administrativas más elevadas impuestas hasta el momento en toda la UE.
España cuenta con la flota pesquera más importante de la UE en términos de capacidad, representando un 23,6% de su flota. En materia de controles, sólo en el ámbito estatal se llevaron a cabo 11.680 inspecciones en 2015, mientras que en 2016 éstas descendieron en un 12 % realizándose 10.238 inspecciones. Según otros informes realizados por ClientEarth en Francia en 2015, por ejemplo, se llevaron a cabo 4.775 inspecciones en todo el año, mientras que en Holanda se hicieron 5.483 inspecciones durante el período 2010-2014.
El estudio identifica aspectos que requieren mejoras: desde el 2013 al 2016, las inspecciones en materia de pesca en España tuvieron lugar principalmente en puertos y por vía aérea, donde fueron efectuados casi el 80,3% de dichos controles, mientras que sólo un 19,7% se llevó a cabo en el mar, a pesar de ser un ámbito en el que la detección de infracciones de pesca resulta altamente eficaz. España debería aumentar los controles de pesca en el mar con el objeto de garantizar el cumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas por la UE, como la obligación de desembarque y las normas de descarte.
“Después de analizar la política pesquera europea y su aplicación en España, creemos que en nuestro país existe voluntad política de llevar a cabo un control efectivo, aunque todavía hay mucho margen de mejora. La Administración debe dedicar más recursos a la ejecución de las políticas en este sector, que es estratégico para España, y comprometerse a aumentar su transparencia, ya que resulta difícil el acceso a la información en materia de pesca, incluso en casos donde tiene carácter público” afirma Alba Iranzo, abogada del IIDMA.
Deficiencias y recomendaciones
En esta línea, el Informe incluye una serie de recomendaciones que España debe aplicar lo antes posible para afrontar los problemas del sector pesquero no sólo en nuestro país sino en toda Europa. En primer lugar, el Sistema de Puntos por Infracciones Graves no se está aplicando de forma consistente, pese a tratarse de una herramienta disuasoria clave . También sería necesario que España reconsiderase la eficacia del procedimiento administrativo vigente en la actualidad en materia de pesca ilegal, ya que se han detectado algunas deficiencias y vacíos legales.
Otra de las principales deficiencias detectadas es la transparencia de la Administración, que requiere de una rectificación urgente para cumplir con el Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, del que España en parte desde 2005. En este sentido, el Registro Nacional de Infracciones también incumple los requisitos de transparencia, al no ser accesible a pesar de su carácter público reconocido por la legislación española. IIDMA también considera necesaria la orientación y capacitación en esta materia de las autoridades públicas, así como de los jueces y magistrados. Asimismo es necesario aumentar y mejorar la coordinación entre todas las autoridades competentes.
En materia de inspecciones, es imperativo que España mejore el control y verificación del motor de los buques pesqueros, si bien es cierto que es de los pocos Estados Miembros que lleva a cabo en la práctica este tipo de controles. También es necesaria la mejora de los controles sobre la comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, y las normas de trazabilidad en las Comunidades Autónomas, como es el caso de Andalucía y Galicia.
Informe: El control y ejecución de la política pesquera en España
