El cometido de las juristas para lograr el desarrollo sostenible

[Tribuna publicada originalmente en ‘El País’]

La humanidad se encuentra en un momento decisivo de la historia. Nos enfrentamos con la perpetuación de las disparidades entre las naciones y dentro de las naciones, con el agravamiento de la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo y con el continuo empeoramiento de los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar. No obstante, si se integran las preocupaciones relativas al medio ambiente y al desarrollo y si se les presta más atención, se podrán satisfacer las necesidades básicas, elevar el nivel de vida de todos, conseguir una mejor protección y gestión de los ecosistemas y lograr un futuro más seguro y próspero. Ninguna nación puede alcanzar estos objetivos por sí sola, pero todos juntos podemos hacerlo en una asociación mundial para un desarrollo sostenible”.

Este texto tiene ya 30 años y es así como iniciaba el preámbulo de la denominada Agenda 21 adoptada en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Dicha agenda trataba de preparar al mundo para los desafíos del siglo actual, reflejando un consenso mundial y un compromiso político al nivel más alto sobre el desarrollo y la cooperación en la esfera del medio ambiente.

Ya entonces se destacaba el papel de la mujer para lograr el desarrollo sostenible, incluyendo objetivos y medidas para alcanzarlo. Objetivos que iban desde aumentar el número de mujeres en los puestos de toma de decisiones, planificación, asesoramiento técnico, dirección y divulgación, hasta eliminar los obstáculos constitucionales, jurídicos, administrativos, culturales, sociales, económicos y de comportamiento que impiden la plena participación de la mujer en las decisiones para lograr la sostenibilidad tanto en el ámbito público como el privado.
Las mujeres que pertenecen al ámbito jurídico desempeñan un papel fundamental, pues velan porque las normas en materia ambiental se apliquen correctamente defendiendo el Estado de derecho, condición esencial para alcanzar los ODS

Desafortunadamente, lo que se expresaba en 1992 aún sigue vigente. Pero ¿por qué hemos avanzado tan poco para conseguir un desarrollo que sea sostenible? La respuesta a esa pregunta es porque apenas se ha tenido en cuenta el papel que desempeña la mujer para su consecución, que debe tener en cuenta lo siguiente:

  1. La necesidad de preservar los recursos naturales para el beneficio de las generaciones futuras (equidad intergeneracional).
  2. El objetivo de explotar o usar los recursos naturales de una forma sostenible, prudente, o racional y apropiada.
  3. El uso equitativo de los recursos naturales, lo que implica que el uso por un estado debe tener en cuenta las necesidades de otros estados (equidad intrageneracional).
  4. La necesidad de asegurar que las consideraciones ambientales se integren en los planes, programas y proyectos económicos, así como que las necesidades de desarrollo sean tenidas en cuenta a la hora de aplicar los objetivos ambientales.

No obstante, los avances de las tres últimas décadas han sido posibles gracias al silencioso desempeño de desconocidas que, en su día a día y a través del ejercicio de sus profesiones, han contribuido a este progreso.

Nos encontramos prácticamente en el ecuador del tiempo para lograr los ODS. Muchos de estos se refieren al pilar ambiental del trinomio que conforma dicho desarrollo. Al mismo tiempo, las metas incluidas en otros objetivos están estrechamente vinculadas a la protección del medio ambiente, como es la 3.9, relativa a la salud medioambiental recogida en el objetivo sobre salud y bienestar, o las metas 8.4 y 8.9, que se refieren a la producción y consumo eficiente y respetuoso y al turismo sostenible, respectivamente incluidas en el ODS sobre trabajo decente y crecimiento económico, por citar algunos ejemplos.

El logro de esos objetivos y de esas metas están estrechamente vinculados con el respeto y el cumplimiento de convenios internacionales en materia de protección del medio ambiente, los cuales, a su vez, han sido trasladados a nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, las mujeres que pertenecen al ámbito jurídico desempeñan un papel fundamental, pues velan porque las normas en materia ambiental se apliquen correctamente defendiendo el Estado de derecho, condición esencial para alcanzar los ODS.

Este trabajo no necesariamente se lleva a cabo en posiciones de alto nivel. Sin embargo, su contribución es esencial para un mundo en el que se tengan en cuenta las interacciones entre los ecosistemas de la Tierra. Así lo acaba de reconocer en Nairobi la 5ª Asamblea de las Naciones Unidas de Medio Ambiente en su declaración sobre el fortalecimiento de las acciones en pro de la naturaleza para lograr los ODS. De hecho, en esta declaración, también se admite que la aplicación efectiva de esas acciones requiere un marco jurídico coherente y facilitador en todos los niveles, desde el internacional al local, pasando por una buena gobernanza y por el respeto de la legislación.

Desde el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), organización impulsada por mujeres juristas, llevamos 25 años trabajando para que los compromisos relativos a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible se apliquen correctamente con el propósito de contribuir a la protección de nuestro planeta.

Ana Barreira

Ana Barreira es directora y abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M en Estudios Jurídicos Internacionales (New York University) y en Derecho Ambiental (London University).