España debe retirar las barreras al Derecho de Acceso a la Información y Justicia en materia de medio ambiente, según ha señalado el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) en la 11ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Acceso a la Justicia bajo el Convenio de Aarhus en Ginebra. España es parte del Convenio de Aarhus, y como tal, está sujeta a obligaciones que también están recogidas en la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en materia de Medio Ambiente. Este tratado internacional también establece la obligación de las administraciones de difundir de forma activa la información medioambiental.
A pesar de que existen ciertas garantías de acceso a la información y justicia para organizaciones de utilidad pública como IIDMA, el proceso se suele ralentizar y se alarga de forma excesiva, lo que supone un obstáculo a este derecho. De igual forma, IIDMA destacó los subterfugios a los que recurren algunas administraciones en España, como la denegación, el retraso reiterado o falta de respuesta a solicitudes de información clave para la defensa del medio ambiente. Asimismo, en ocasiones se deniega la justicia gratuita y/o se demora durante el proceso judicial la entrega de los documentos necesarios para formular la demanda. Todas estas situaciones representan obstáculos al ejercicio de los derechos de acceso a la información y a la justicia reconocidos por el Convenio de Aarhus.
Ana Barreira, Directora de IIDMA, expuso dos casos concretos de obstáculos graves al Acceso a la Información y Justicia por parte de las administraciones. Uno, el más grave, se produjo en Aragón, donde se alegó que no existía obligación de remitir los informes base sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas de una central térmica en esta Comunidad Autónoma, a pesar de tratarse de información ambiental ya que su finalidad es evitar y reducir la contaminación de los entornos de las centrales, algo que IIDMA tuvo que recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Además, fue denegado el acceso a la justicia gratuita, a pesar de ser este un Derecho reconocido para las ONGs de carácter ambiental. El segundo caso sucedió en Asturias, donde se ignoraron reiteradamente las solicitudes de acceso a la información presentadas por IIDMA, teniendo que acudir a los tribunales para solicitar algo que es un derecho reconocido por Ley. Esta actitud obstaculizadora de las administraciones públicas podría tener como objetivo influir para que las organizaciones desistan en la defensa del medio ambiente.
“España debe garantizar el acceso a la información y a la justicia en materia ambiental, ya que son derechos fundamentales en un estado democrático. Las administraciones deben cumplir con sus obligaciones, como el resto de la población. Las barreras que establecen suponen un menoscabo del Estado de Derecho y un retroceso democrático, obligando a quienes defendemos el medio ambiente a acudir a los tribunales para acceder a la información que debería ser facilitada de forma activa. El Acceso a la Información y a la Justicia en materia de medio ambiente ya está reconocido en la Ley, pero es papel mojado si las instituciones públicas que deberían observar su aplicación y cumplimiento no la respetan” afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA.
