[Artículo publicado originalmente en ABC]
Es innegable que, para hacer frente al cambio climático, es decir, reducir las emisiones de gases efecto invernadero, tenemos que transformar nuestro sistema energético. Esto pasa necesariamente por impulsar y, en el momento actual de guerra en Ucrania, acelerar la instalación de energía de origen renovable, principalmente eólica y fotovoltaica.
La Comisión Europea recientemente ha propuesto, a través del denominado paquete RepowerEU de mayo de 2022, incrementar el objetivo relativo a la cuota de energía procedente de fuentes renovables del actual 32% al 45% para el año 2030. Ya nuestra Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 incorporó un objetivo del 42% para ese mismo año. Para ello, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé que la capacidad instalada de renovables pasará de 60 GW en 2020 a los 115 GW en 2030, siendo la eólica (+23 GW) y la fotovoltaica (+27 GW) las que más aumentarán, pero seguramente estos datos se verán incrementados con la revisión de dicho Plan prevista en 2023.
En algunos casos el despliegue de renovables en el territorio está siendo acompañado de conflictos debido a los impactos que dicho despliegue puede originar en el territorio y la biodiversidad. Es un hecho que cualquier actividad humana tiene impactos en el medio ambiente, impactos que pueden ser positivos o bien negativos, pero estos últimos deben minimizarse. Una mala planificación, una localización errónea o una falta de reglamentación clara sobre criterios para la ubicación y el despliegue de renovables pueden tener impactos irreversibles sobre el medio ambiente, además de generar rechazo por parte de la sociedad. Dada la realidad climática, es necesario instalar mayor capacidad renovable para dejar atrás el uso de los combustibles fósiles. Al mismo tiempo, dicho despliegue no puede generar graves impactos que pueden crear otros desequilibrios ecológicos o sociales. ¿Es posible lograrlo?
En la actualidad se está trabajando intensamente para minimizar los impactos negativos que pudieran generarse y evitar desequilibrios, haciendo uso de una serie de instrumentos que permiten lograr esa conciliación. En el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) realizamos un análisis de los mismos en la publicación de 2021 titulada “Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio”.
La zonificación, a partir de la cartografía, es un instrumento para evitar que el masivo despliegue de energías limpias se lleve a cabo en detrimento de la biodiversidad y del patrimonio natural, pues permite identificar las áreas del territorio no solo con mayores condicionantes ambientales sino aquellas más idóneas y menores condicionantes ambientales para la implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos a gran escala. En RepowerEU, la Comisión Europea ha propuesto establecer “zonas propicias para las renovables”. Para ello, los Estados miembro tendrán que establecer uno o varios planes que designen esas zonas, dándose prioridad a las superficies artificiales y construidas, algo que IIDMA ya proponía, tales como vertederos, antiguas minas, suelos contaminados o zonas industriales, entre otras. Además, deberán excluirse espacios tales como los de la Red Natura 2000. Hay que tener en cuenta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico elaboró una herramienta cartográfica a tenerse en cuenta en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Sin embargo, esta herramienta ha sido creada con el objetivo de ser un instrumento de orientación para ayudar a los promotores a elegir de manera preliminar una localización ambientalmente más favorable para sus proyectos.
Otro de los instrumentos más adecuados para la conciliación, es la evaluación ambiental estratégica (EAE) a la que tienen que someterse los planes o programas. De hecho, los planes que designen zonas propicias para las renovables tendrán que someterse a EAE. La EAE a la que se sometió el PNIEC ya tuvo en cuenta los posibles impactos en la biodiversidad y el territorio por lo que incluye medidas para evitarlos. No podemos olvidar que, en nuestro país, la planificación en materia energética de las comunidades autónomas desempeña un papel esencial para el despliegue de las renovables. Sin embargo, no todas las planificaciones autonómicas han tenido suficientemente en cuenta la relación entre el despliegue de renovables y los impactos en la biodiversidad y el territorio, algo que comienza a modificarse a través de nuevas normas más ambiciosas en pro de la conciliación.
Asimismo, muchos de los proyectos de energías renovables deben someterse a la denominada evaluación de impacto ambiental y, ahora, como consecuencia de la guerra en Ucrania, una serie de proyectos solo se someterán al denominado “procedimiento de determinación de las afecciones ambientales”, aplicable exclusivamente a aquellos proyectos que reúnan una serie de requisitos de potencia, ubicación y extensión de sus líneas de evacuación. Pero estos procedimientos deben llevarse a cabo garantizando que las opciones elegidas son las que menores impactos generan y siempre con la participación de los interesados.
Por otro lado, es imprescindible contar con un marco jurídico-institucional que permita mitigar los impactos de los proyectos de energías renovables sobre el territorio y el medioambiente. No debemos olvidar el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas tanto en materia de autorización de proyectos energéticos, basado en criterios relacionados con la capacidad de la instalación y el ámbito geográfico de afección, como en materia de protección de la biodiversidad y la planificación del territorio. Algunas comunidades, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, han establecido criterios para el emplazamiento de renovables en su legislación. Por ello, IIDMA recomienda establecer, o bien oficinas responsables de autorizar la ubicación o emplazamiento de un proyecto, o bien una fase específica en el procedimiento de autorización del proyecto para aprobar o autorizar su emplazamiento, teniendo en cuenta la planificación y la legislación vigente, que cuente con un proceso de participación pública para evitar que se genere un rechazo que pudiera hacer inviable un proyecto.
La carrera para alcanzar la neutralidad climática no puede llevarse a cabo en detrimento de la biodiversidad dado el papel que desempeña no solo como sumidero de carbono sino por todos los servicios ecosistémicos que presta al planeta, ni puede plantearse causando un desequilibrio social. Afortunadamente, existen herramientas que, aplicándolas correctamente, nos permitirán avanzar en la lucha climática.
Ana Barreira
Ana Barreira es directora y abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M en Estudios Jurídicos Internacionales (New York University) y en Derecho Ambiental (London University).
