El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) organiza, junto al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, una jornada de debate sobre el papel de la judicatura ante la crisis climática con la participación de miembros del Consejo General del Poder Judicial el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, o la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, entre otros.
El objetivo es impulsar que los planes de formación de la escuela judicial incluyan los temas ambientales para ofrecer respuestas jurídicas solventes a la crisis ambiental y climática, tal y como propuso la Asamblea Ciudadana para el Clima en su informe final de recomendaciones.
28 de marzo de 2023 – Apenas existe formación en derecho del medio ambiente y sobre cambio climático para la judicatura española. Es algo que el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) lleva advirtiendo hace años, lo que supone un obstáculo tanto a la aplicación efectiva de las normas de protección del medio ambiente como al acceso a la justicia en esta materia.
“Contamos con un gran número de normas de protección de nuestro planeta que van desde convenios internacionales, hasta leyes y reglamentos, pero hay un déficit evidente en su aplicación, a la luz de la situación de degradación ambiental a la que nos enfrentamos”, señala la directora y fundadora del IIDMA, Ana Barreira. “Es esencial que los programas formativos de los futuros jueces incluyan esta materia, más aún ante un muy probable aumento de recursos judiciales en defensa del medio ambiente sobre los que tendrá que pronunciarse la judicatura”, añade.
La Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC), una plataforma y compuesta por cien personas elegidas al azar de diversas procedencias que se creó el año pasado en aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, también detectó esta deficiencia. En su informe final de recomendaciones para lograr “una España más segura y justa ante el cambio climático” incluyó, en la número 146, la necesidad de “formar a jueces y miembros de la judicatura sobre las respuestas jurídicas ante el cambio climático y la protección del medio ambiente”. Dicha recomendación, que alcanzó un apoyo del 97,75% por parte de los integrantes de la Asamblea, busca impulsar una formación “específica” de este sector en materia de cambio climático y protección del medio ambiente.
Jornada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid
Para apoyar esta recomendación y fomentar la concienciación sobre esta problemática, el IIDMA ha organizado la jornada ‘El rol de la judicatura en la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente’, que ha tenido lugar este viernes, 14 de abril, en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). El evento ha contado con la participación de especialistas como Valvanera María Ulargui, directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC); Jorge Jiménez Martín, magistrado y director de la Escuela Judicial (Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y vicepresidente de la Organización Internacional para la Formación Judicial (IOJT); Wenceslao Olea Godoy, Vocal del CGPJ y magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS); Guillermina Yanguas Montero, Magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), entre otros.
En palabras de la abogada ambiental del IIDMA Alba Iranzo: “La ciudadanía en su conjunto es cada vez más consciente de la importancia del fenómeno del cambio climático en la salud del Planeta y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Visto el nivel de vulnerabilidad de España ante la crisis climática, es más necesario que nunca contar con profesionales especializados en esta materia. Esto incluye al sector de la judicatura, que juega un papel crucial para garantizar, en última instancia, la correcta aplicación de las normas ambientales”.
Creación de tribunales ambientales
Lo cierto es que en la actualidad ha aumentado exponencialmente el número de litigios climáticos dirigidos contra grandes corporaciones por su actividad altamente contaminante fuente de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o contra las administraciones públicas por su falta de acción ante el cambio climático.
Sin embargo, en España una gran parte de estos asuntos se dirimen ante tribunales del orden contencioso-administrativo o penal. El IIDMA apuesta por la creación de tribunales o salas especializadas que permitirían un abordaje más específico de los conflictos ambientales al ser una materia compleja. Asimismo, se contribuiría a agilizar los procedimientos judiciales evitando que puedan llegar a consumarse daños al medio ambiente. Este tipo de tribunales ambientales ya existen en más de 50 países, como Canadá, Chile o China.
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