- El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha organizado este miércoles un evento en colaboración con la Sección de Clima y Medioambiente del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para debatir sobre cómo proteger jurídicamente el sistema climático en un Estado de derecho.
- Durante el encuentro ha tenido lugar la presentación del informe ‘Derechos climáticos: mecanismos jurídicos de defensa del clima en España’ elaborado por el IIDMA.
El Parlamento suizo ha aprobado recientemente una moción que rechaza cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso Klimaseniorinnen. En concreto, la Cámara Baja consideró que el TEDH se había extralimitado en sus competencias al declarar que Suiza había incumplido sus obligaciones climáticas. En este contexto, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha celebrado una jornada sobre derechos climáticos en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. “La decisión de Suiza pone en jaque los cimientos del sistema de protección de los derechos humanos construido tras la Segunda Guerra Mundial, algo peligroso, pero entiendo que el gobierno suizo cumplirá con la sentencia del TEDH”, ha afirmado durante su intervención la directora del IIDMA, Ana Barreira.
En esta misma línea se ha pronunciado Natalia Kobylarz, abogada sénior en la Secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha realizado un repaso por los litigios climáticos más relevantes en el ámbito del TEDH: «Es importante leer bien las sentencias, el Tribunal examina caso por caso».
Por otro lado, la directora del IIDMA ha presentado el informe ‘Derechos climáticos: mecanismos jurídicos de defensa del clima en España’ desarrollado en el marco del proyecto “Debates y Acciones sobre Clima y Medio Ambiente” (DACE) financiado por la Unión Europea. Este trabajo analiza el desarrollo y evolución de los ‘derechos climáticos’, identificando una serie de litigios cuya argumentación jurídica se ha sustentado en dichos derechos, junto con una revisión de las herramientas jurídicas existentes en nuestro país que ofrecen mecanismos para la defensa del clima.
El informe realiza además un análisis en profundidad de los ‘derechos climáticos’ en España, atendiendo a la Constitución Española y al marco estratégico de energía y clima. Además, desgrana las obligaciones del sector privado y las garantías para el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia medioambiental. “El marco jurídico español recoge derechos climáticos y ofrece mecanismos para la defensa del clima, pero debe ser aplicado correctamente, tanto por el sector público como el privado, para garantizar su cumplimiento”, ha afirmado la directora del IIDMA.
Obligaciones del sector privado
El encuentro también ha contado con la participación de Ana Martínez-Pina, socia de Gómez-Acebo y Pombo en el área ESG, que ha explicado las obligaciones del sector privado en cuanto al reporte de los riesgos climáticos y ambientales y ha explicado la directiva de la UE sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (pendiente de transposición). Por último, ha intervenido Miguel Fernández Benavides, asociado senior de Ontier, que ha ofrecido una aproximación al greenwashing desde el punto de vista de los derechos de los consumidores y ha explicado la la directiva (UE) 2024/825 sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica: «La directiva es una llamada de atención, desde un punto de vista jurídico no aporta gran cosa (…). El ecopostureo es una práctica presente prácticamente en la totalidad de la publicidad», ha advertido.
La jornada ha sido clausurada por Santiago Garrido, miembro del Consejo asesor de la Sección de Medio Ambiente y Clima del ICAM y socio del área de Derecho Público y Regulatorio en Gómez-Acebo & Pombo.
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