El 28 de junio tuvo lugar el primer evento “Adaptación al Cambio Climático en España: soluciones jurídicas” del Proyecto Europeo DACE
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha presentado sus comentarios al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) actualizado para el periodo 2023-2030, en el trámite de consulta pública que ha tenido lugar entre el 28 de junio y el 4 de septiembre de este año.
Las alegaciones de las demandantes se basan en la ciencia, pero el TS declara que, de acuerdo con nuestra Constitución, solo tiene el poder de controlar si el plan sobre el que se discute se ajusta a la Ley.
La nueva planta de biomasa de Logrosán, ubicada en Extremadura, se verá sujeta a requisitos ambientales más estrictos como resultado de un recurso de alzada presentado por el IIDMA contra la autorización ambiental concedida por el Gobierno de Extremadura.
El IIDMA, Ecologistas en Acción y la red Gas No es Solución, han presentado alegaciones al proyecto de exploración e investigación de hidrógeno y helio en Monzón.
El IIDMA presenta proyecto europeo para dar a conocer las diversas soluciones jurídicas a la crisis climática a nivel internacional, europeo y español, haciendo hincapié en la necesidad de aumentar nuestra capacidad de adaptación al cambio climático.
Las compañías aseguradoras deben de establecer políticas de aseguramiento claras y decididas que tengan en consideración la protección del sistema climático y del medioambiente.
El Gobierno de Asturias juega un rol esencial al tener que otorgar a ArcelorMittal las autorizaciones ambientales necesarias para desarrollar las instalaciones que permitirán alcanzar los objetivos de descarbonización.
El IIDMA ha recibido el Premio Iberdrola Convive en la categoría de Investigación, Conocimiento e Innovación por su proyecto “Cómo Conciliar el Despliegue de las Renovables con la Biodiversidad y el Territorio a Nivel Nacional y Autonómico”
El proyecto de real decreto introduce un marco adecuado que proporcione seguridad jurídica, prevea la identificación y eliminación de barreras y contemple las medidas necesarias para el desarrollo de las comunidades energéticas, pero también suscita dudas acerca de qué figuras jurídicas pueden utilizarse para su constitución.
