[Artículo publicado originalmente en El País]
Tras arduas y difíciles negociaciones hasta la madrugada del 20 de noviembre, ha finalizado la vigésimo séptima Conferencia de las Partes (COP27), órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que reúne a 198 estados, celebrada en Sharm-El-Sheikh. Evaluar sus resultados exhaustivamente requiere una lectura sosegada de las decisiones adoptadas bajo la decisión ómnibus denominada Plan de Implementación de Sharm-El-Sheikh. Ahora, solo es posible hacerlo de forma preliminar.
Para ello, debemos atender tanto a los principales temas incluidos en la agenda de la COP27 —pérdidas y daños, mitigación, adaptación, nuevo objetivo global cuantificado y colectivo de financiación climática y financiación climática a largo plazo—; como a su procedimiento de trabajo: se negocia por consenso y en grupos que, en algunos casos, no reflejan la situación actual. Hay países que negocian como países en desarrollo pero que, a su vez, participan en el G20, es decir, son economías emergentes, algunas muy pujantes. Mientras se reunía la COP27, la declaración final de la reunión del G20, celebrada en Bali, ha recogido el compromiso de realizar esfuerzos para limitar un incremento de la temperatura global del planeta por encima de un 1,5 grados Celsius. Este objetivo del Acuerdo de París ha estado en peligro de desaparecer de la decisión ómnibus, igual que otros compromisos recogidos en el Pacto Climático de Glasgow, así como un llamamiento para que, en diciembre, la COP 15 de la Convención sobre Diversidad Biológica adopte el denominado Marco Global de Biodiversidad Post 2020, necesario para la lucha contra el cambio climático.
Tras haber sido incluido en la agenda por petición de los países en desarrollo, las pérdidas y daños ha sido uno de los temas centrales de esta COP. Al mismo tiempo, el grupo de integridad ambiental (Georgia, Liechtenstein, México, Mónaco, República de Corea y Suiza) propuso incluir en la agenda el tema: “Limitar el calentamiento global a 1,5º”. Esta propuesta, rechazada por el G77, bajo la presión de grandes emisores como China yBrasil, además de Arabia Saudí, ha pasado sin pena ni gloria, pero es un botón que muestra la dinámica negociadora que cuando se intenta avanzar en compromisos de mitigación ciertos países reclaman financiación.
La UE ha accedido al establecimiento de un fondo para pérdidas y daños dirigido a los países más vulnerables con unos condicionantes, entre ellos, el compromiso de que cese gradualmente el uso de todos los combustibles fósiles, inicialmente traído a la mesa por India. Esta mención ha desaparecido de todos los textos por oposición de Arabia Saudí y los países productores de gas y petróleo. Aunque parecía imposible, el sábado, finalmente, se alcanzó un acuerdo para crear dicho fondo para países especialmente vulnerables. Ahora habrá que acordar su establecimiento, funcionamiento y muchos otros elementos. La idea es que tenga una base variada de donantes que incluya a países como China, países productores de petróleo, así como al sector privado. Asimismo, se ha acordado la estructura institucional de la Red de Santiago para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños creada para prestar asistencia técnica en el marco del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños asociados a los Impactos del Cambio Climático creado en la COP19 en 2013.
En materia de mitigación, una serie de países han anunciado su intención de aumentar sus compromisos. Entre ellos, México, cuyo canciller, Marcelo Ebrard, se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 35% para 2030 frente al 22% al que se había comprometido previamente, aunque sin explicar el cómo. Igualmente, Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, declaró que la UE ahora puede comprometerse a una reducción de emisiones de GEI del 57%, en línea con lo previsto en la Ley Europea del Clima, que prevé al menos una reducción del 55%.
En materia del objetivo global de adaptación, cuyo grupo de trabajo de negociación estuvo copresidido por la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, junto a la ministra de Medio Ambiente, Cambio Climático y Tecnología de Maldivas, se ha acordado desarrollar un marco de actuación que incluirá indicadores y objetivos, con vistas a que sea finalmente aprobado el próximo año en la COP28.
Para el nuevo objetivo de financiación climática dirigido a la mitigación y a la adaptación, ante la inobservancia del objetivo de financiación de 100.000 millones de dólares anuales (unos 96.000 millones de euros) para 2020 (adoptado en la COP15 de Copenhague), se ha acordado aprobar un programa de trabajo para 2023 que ayude a avanzar en este sentido, para que en la COP29 pueda adoptarse un nuevo objetivo más ambicioso.
Hay que destacar que el Plan de Implementación de Sharm-el-Sheikh incluye en su preámbulo el reconocimiento al derecho a un medio ambiente adecuado reconocido por la Asamblea General de la ONU el pasado 28 de julio. Asimismo, cuantifica en 4 billones de dólares anuales la inversión necesaria para el despliegue de renovables hasta 2030 para lograr emisiones netas cero en 2050, además de más de 5.8-5.9 billones de dólares para que los países en desarrollo apliquen sus planes de acción climática conocidos como contribuciones nacionales determinadas.
La COP27 representa un avance, aunque no ha satisfecho a todos. Este es el único proceso multilateral existente para hacer frente al cambio climático. A pesar de su lentitud, se están logrando avances que hace menos de una década parecían impensables. Ejemplo de ello es el acuerdo de crear un fondo para pérdidas y daños que conlleva un reconocimiento implícito de una responsabilidad. La COP28 que se celebrará en Emiratos Árabes Unidos deberá cerrar cuestiones como la operatividad de dicho fondo, el objetivo global de adaptación, además de determinar el avance colectivo en el cumplimiento del propósito y objetivos a largo plazo del Acuerdo de París. Mientras tanto, otros foros internacionales y la sociedad civil seguirán impulsando la acción climática, desempeñando todos ellos un papel clave para poner en práctica lo recogido en las decisiones que cada año adoptan la COP. Es decir, “juntos por la aplicación” lema de esta COP27.
Ana Barreira
Ana Barreira es directora y abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M en Estudios Jurídicos Internacionales (New York University) y en Derecho Ambiental (London University).