El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y ClientEarth han enviado una petición a la Comisión Europea instando a que tome medidas urgentes contra los mal denominados “incentivos ambientales” que España destinó a determinadas centrales térmicas de carbón, como parte de la investigación abierta por la Comisión en noviembre de 2017 al respecto. Dichas ayudas ascendieron a 440 millones de euros en el período 2007-2017. El documento remitido por las ONG apoya lo argumentado por la Comisión en sus conclusiones preliminares de la investigación: las ayudas no están justificadas de acuerdo con la legislación europea y se pusieron en marcha sin haber cumplido el requisito de notificación previa a la CE. Por tanto, las compañías eléctricas beneficiarias tendrían que devolver el importe de las subvenciones tal y como establece el artículo 16 del Reglamento 2015/1589.
A pesar de la defensa de este tipo de ayudas por parte del Gobierno español, que afirma que son necesarias para mantener la seguridad de suministro, los datos prueban que no está justificado ahora ni lo estaba en el momento de concederlas. Es más, estas ayudas se concedieron a centrales perjudiciales para la salud y el medio ambiente, obviándose el apoyo a soluciones más limpias como las baterías de almacenamiento, la gestión de la demanda o las interconexiones. En lugar de emplear las ayudas para desarrollar este tipo de soluciones, mucho más adecuadas para la salud y el medio ambiente, se utilizaron para alargar de forma artificial la vida de las centrales de carbón y reducir el gasto que éstas tenían que afrontar para adaptarse a la nueva normativa de la UE. Así, las ayudas fueron otorgadas a varias de las centrales para instalar sistemas de desulfuración para reducir sus emisiones de SO2 , algo de obligado cumplimiento para cumplir con los límites de emisión establecidos por la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión que estaba entonces en vigor.
Existen directrices de la Comisión que claramente establecen la prohibición de otorgar ayudas para adaptar instalaciones como las centrales de carbón al objeto de cumplir con la normativa vigente, a menos que se pretenda alcanzar niveles más bajos de emisión de lo previsto en la normativa, algo que no ha sucedido en el caso de las centrales de carbón en España. De hecho, las autorizaciones ambientales integradas de dichas centrales contienen valores de límites de emisión incluso más altos de los permitidos por la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión, derogada por la Directiva de Emisiones Industriales y en vigor actualmente.
“Estas subvenciones violan la normativa de la UE. El Gobierno español sabe que los mal llamados “Incentivos medioambientales” no cumplen con la legislación de Ayudas Estatales de la UE. La Comisión Europea debe solicitar la devolución de las ayudas, tal y como establece dicha legislación. Las subvenciones al carbón son contrarias, además, a los compromisos internacionales que ha adoptado nuestro país para proteger la salud y el medio ambiente. Sin embargo, España se está quedando atrás y es el único país en Europa Occidental que todavía no ha anunciado su intención de abandonar el carbón” afirma Carlota Ruiz-Bautista, abogada medioambiental de IIDMA.
Esto es inaceptable teniendo en cuenta que las emisiones de NOx, SO2 y partículas de las centrales térmicas son responsables de más de 700 muertes cada año en España, y los costes sanitarios ascienden a entre 880 y 1.667 millones de euros, de acuerdo con el Informe de IIDMA “Un Oscuro Panorama”. Además, son responsables del cambio climático y numerosos impactos negativos en el medio ambiente.
“Desde un punto de vista legal, los operadores de las contaminantes centrales térmicas de carbón deberían pagar para prevenir la contaminación que producen. Estos costes no deberían recaer sobre la población. Los operadores en toda Europa pagan de su propio bolsillo las adaptaciones para cumplir con los límites que marca la UE. Los operadores españoles no deberían recibir un trato diferente. Estas ayudas deben ser devueltas” añade Sam Bright, abogado de ClientEarth especialista en Energía.
