Cambio climático vs carbón: Alemania pone fecha para cerrar sus centrales

El informe especial sobre los impactos de un calentamiento global de 1,5ºC del Panel Intergubernamental de Cambio Climático es demoledor: o actuamos ya o el futuro de la humanidad es incierto. Este informe puso de relieve la necesidad de retirar el carbón como fuente de electricidad a nivel global en 2050, indicando que para ello será necesaria una reducción sustancial en 2030. Si esto no se produce, muchos análisis vaticinan que no se podrá alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC y menos aún a 1,5ºC, algo altamente recomendable para mantener las mínimas condiciones necesarias para la vida en la Tierra.

Antes de la publicación de este informe, muchos países de la Unión Europea ya se habían comprometido a poner fin al carbón para la generación de electricidad en esa fecha o incluso antes. El primer país en retirarlo fue Bélgica en 2016, seguido por Francia (que se ha comprometido a hacerlo en 2021); en 2022 le tocará a Suecia, en 2025 será el turno de Austria, Irlanda, Italia y el Reino Unido, en 2029 Finlandia y Holanda harán lo propio y 2030 es el año para cuando Dinamarca y Portugal se comprometieron a hacerlo. También 2030 es el año en el que Canadá retirará el carbón de su mix energético.

En esta lista de países europeos comprometidos para evitar un desastre falta España, con una capacidad de carbón instalada de 10 GW, que representa el 9,9% de toda la capacidad instalada en los sistemas peninsular y balear, y que fue la tercera fuente para generar la electricidad que consumimos en 2018. Tampoco Alemania está en esa lista; la cuarta economía mundial que alberga la mayor capacidad de carbón instalada de la UE (45,4 GW) que representan alrededor del 35% de la electricidad generada. Polonia, con 29 GW de carbón, es otro país que se resiste. En el caso de los EE.UU, a pesar del apoyo de Trump a esta fuente de energía, durante sus primeros dos años de mandato se cerraron 23,4 GW, frente a los 14,9 GW de todo el primer mandato de Barack Obama.

En España, parece que la tan esperada Ley de Cambio Climático y Transición Energética no contendrá fecha alguna de cierre para las centrales de carbón. No obstante, se espera que antes de julio de 2020 cierren de ocho a 10 centrales; es decir, entre 4,8 y 5,6 GW por imperativo legal, ya que no podrán cumplir con la legislación europea de emisiones. Asimismo, en breve tendremos un borrador de Plan Nacional de Energía y Clima que debiera contener una fecha de cierre de esas centrales.

El pasado 26 de enero, la Comisión alemana sobre Crecimiento, Cambio Estructural y Empleo publicó su informe final sobre cómo se debería retirar el carbón de su sistema de producción eléctrico tras seis meses de intensas deliberaciones en las que participó una amplia gama de expertos y stakeholders. Conocida también como Comisión del Carbón, fue creada por el Gobierno alemán en junio de 2018 con la misión de desarrollar un plan de retirada de esta fuente energética para alcanzar los objetivos climáticos, teniendo al mismo tiempo una visión para el desarrollo estructural de las regiones carboníferas.

Las principales recomendaciones de esa Comisión, alcanzadas prácticamente por unanimidad (con un solo voto en contra) son:

  1. Que en 2038 Alemania deje de utilizar el carbón con la opción de hacerlo en 2035.
  2. Que en 2022 se cierren 12,5 GW de carbón.
  3. Que en 2030 se cierren otros 25,6 GW.
  4. Que se destinen 40.000 millones de euros, junto con un paquete de medidas en los próximos 20 años, a las regiones mineras, la protección social y los trabajadores de esta industria.
  5. Que se compense a las compañías eléctricas por el cierre de las centrales y se otorguen beneficios financieros a la industria y a los consumidores, alcanzando los 2.000 millones de euros al año.
  6. Que no se tale el bosque de Hambach, a las afueras de Colonia, para la expansión de la minería de lignito tan destructiva al realizarse a cielo abierto.

La hoja de ruta de retirada del carbón, así como las medidas compensatorias, se revisarán en 2023, 2026 y 2029.  En las dos últimas revisiones. un panel de expertos independientes reexaminará también la fecha final considerando los efectos que tendría para los objetivos climáticos: entre otros, el precio de la electricidad, la seguridad de suministro, el empleo y los objetivos de la política estructural. Además, en 2032 se verá, de nuevo, si es posible el cierre en 2035.

Ahora toca al Gobierno decidir qué hacer con esta propuesta, pues no es vinculante. Mientras, las reacciones no se han hecho esperar, manifestación incluida. De acuerdo con la empresa de demoscopia Emnid, el 73% de los alemanes está a favor del cierre del carbón en 2030 y el 46% apoya su final en 2025. Desde luego, la propuesta no es compatible con el Acuerdo de París, pues se superarían los 2ºC, como alegan muchos grupos. El CEO de RWE, una de las principales eléctricas del país y con importantes intereses en el sector del carbón, ha declarado que “2038 es demasiado pronto” para el cierre. Y miembros de la coalición de Gobierno se congratulan de la decisión de la Comisión del Carbón.

Es de destacar que la Comisión haya recomendado proteger el bosque de Hambach, origen de grandes movilizaciones en 2018 por la tala que RWE realizó para construir una mina de lignito a cielo abierto. En octubre de 2018, un tribunal alemán acordó medidas cautelares, ordenando el cese de la tala de este bosque hasta que se dictara sentencia, por lo que los trabajos de la mina se suspendieron. Otro tribunal reconoció el derecho de reunión de quienes se habían ido congregando en ese bosque para protestar contra la tala.

La situación política en Alemania no se presenta fácil. Parece que esta Comisión ha hecho encaje de bolillos para satisfacer un poco a todos, dejando también cierto sabor amargo. La propuesta de compensación a las compañías eléctricas plantea, inicialmente, problemas de compatibilidad con el principio de ‘quien contamina, paga’ y con el Derecho de la UE en materia de ayudas de Estado. Para valorar esas compensaciones, la Comisión utiliza como referencia la denominada reserva de lignito, compuesta por 2,9 GW de centrales que queman ese tipo de carbón y que se incluyeron en una reserva estratégica, por un periodo de cuatro años, para casos de emergencia. 2,1 GW de éstas se retirarán en 2022 a más tardar, y 0,8 GW se retirarían posteriormente. Teniendo en cuenta esa referencia, la cantidad a compensar ascendería a 600 millones de euros por GW. Ahora bien, habrá que ver si el Ministro de Finanzas alemán está de acuerdo. El ministro de Economía y Energía ya ha declarado que no habrá un incremento de impuestos.

Hay que tener en cuenta que, en los últimos años, el precio de las renovables no para de descender y el de los derechos de emisión de CO2 tiende al alza, tendencia que parece imparable. En la actualidad, el precio de CO2 es de más de 23,3 euros por tonelada y se espera que alcance los 40 euros. Probablemente, el mercado abandonará progresivamente el carbón por falta de competitividad frente a las energías renovables mucho antes de la fecha de cierre recomendada por la Comisión del Carbón.

Tampoco debemos olvidar que Alemania cuenta con una potencia instalada de 45,3 GW de energía solar y 52,7 de eólica onshore, junto con 5,9 de eólica offshore; y que el 35,2% de su producción procede de renovables. Mientras, en España, el país del sol, sólo tenemos 7 GW de energía solar instalados. En 2018 teníamos una potencia instalada de 23,4 GW de eólica a nivel nacional y la generación de energía con fuentes renovables supuso el 38,5% del total de electricidad generada.

Junto al CO2 y su contribución al cambio climático, no podemos ignorar en este debate el precio de las ‘externalidades’ relacionadas con los impactos sobre la salud y el medio ambiente que tienen las emisiones de óxidos de nitrógeno, azufre y partículas de esas centrales. Por ejemplo, sólo en 2016, según un estudio de Europe Beyond Coal, las emisiones de las centrales alemanas causaron 4.238 muertes prematuras, 69.761 altas hospitalarias, 1.700 casos de bronquitis crónica en adultos, 1.308.036 días de síntomas de asma en niños y 3.124 días de trabajo perdido en toda Europa. El coste de estos impactos se valoró en un máximo de 12.000 millones de euros.

Independientemente de si el Gobierno alemán refrenda o no la propuesta de la Comisión del Carbón, es ineludible que los avances tecnológicos en generación, almacenamiento y en gestión de las redes (inteligencia artificial incluida), junto con la lucha contra el cambio climático, habrán producido tal disrupción en el sistema energético en los próximos 15 años que probablemente esas previsiones se verán superadas en 2038.

* Publicado en Agenda Pública de El País.

Ana Barreira

Ana Barreira es directora y abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M en Estudios Jurídicos Internacionales (New York University) y en Derecho Ambiental (London University).