Los planes de formación de la escuela judicial deben incluir los temas ambientales para ofrecer respuestas jurídicas solventes a la crisis ambiental y climática.
El proyecto de real decreto introduce un marco adecuado que proporcione seguridad jurídica, prevea la identificación y eliminación de barreras y contemple las medidas necesarias para el desarrollo de las comunidades energéticas, pero también suscita dudas acerca de qué figuras jurídicas pueden utilizarse para su constitución.
De acuerdo a la Ley 11/2018, las grandes compañías deben elaborar un estado de información no financiera (EINF) que incluya, entre otras cuestiones, los impactos de su actividad en el medioambiente. Sin embargo, la mayoría de los EINF de instituciones financieras, como la banca y las aseguradoras, carecen de la información ambiental exigida.
La fiebre del hidrógeno verde recorre Europa y España quiere hacerse con el liderazgo europeo de su producción, pero no se puede pretender ampliar su uso de forma generalizada sin que se haga una reflexión objetiva sobre el entorno en el que nos encontramos.
Es importante que la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 cuente con una participación pública real, transparente y justa, dado que este afecta a todos los sectores económicos y a toda la sociedad, así como al medioambiente.
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, en alianza con más de 40 organizaciones de toda Europa, se embarca en la campaña Beyond Fossil Fuels, que busca poner fin a los combustibles fósiles en el sector eléctrico europeo a más tardar en 2035.
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente ha presentado alegaciones al listado de los PCI, solicitando que no se incluya el corredor de hidrógeno H2Med.
Tras años de espera, se ha comenzado a plantear la instalación de parques eólicos en nuestras costas. Sin embargo, antes deben solucionarse las barreras regulatorias y administrativas, como la aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM).
La directora del IIDMA, Ana Barreira, realiza una crítica abierta al proyecto de Real Decreto por el que se crea el registro de huella de carbono.
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) publica una nueva guía jurídica para la constitución de comunidades energéticas.
