IIDMA resalta la importancia de la cartografía para la lucha contra el cambio climático

  • Ana Barreira, Directora de IIDMA, ha destacado en una conferencia en la
    Universidad de Coimbra la necesidad de utilizar esta herramienta para mejorar la
    eficacia del Derecho medioambiental en la actualidad.
  • Se utilizan herramientas como Google Earth o los visores de la Agencia Europea de
    Medio Ambiente, como los de la Red Natura 2000 o la Directiva Marco del agua
    para apoyar argumentos jurídicos de forma visual y localizar zonas de riesgo
    medioambiental.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha participado en la Conferencia «Injustiças territoriais e TIG» en la Universidad de Coimbra, donde la Directora Ana Barreira ha resaltado la importancia de la cartografía y el uso de mapas para aumentar la eficacia del Derecho medioambiental en la actualidad.

Esta conferencia se centró en exponer de manera práctica algunos de los casos en los que IIDMA ha utilizado estas herramientas para la defensa jurídica del medio ambiente, relacionados tanto con la lucha contra el cambio climático como la protección de la diversidad biológica y la protección de la salud.

En IIDMA se han utilizado, en numerosos casos judiciales en materia de medioambiente, diferentes herramientas cartográficas, como Google Earth, el visor de la Red Natura 2000 y el visor de la Directiva Marco del Agua, ambos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), y el visor de áreas protegidas del Principado de Asturias. Estas aplicaciones
han ayudado a sustentar las tesis jurídicas del IIDMA ante los tribunales, ya que ayudan tanto a identificar incumplimientos como a presentar los casos ante las administraciones y los tribunales de forma más sencilla, didáctica y visual.

Uno de los principales casos expuestos fue el relativo a la Central Térmica de carbón de Soto de Ribera, ubicada en el Principado de Asturias y cuyo titular es EDP España. IIDMA presentó ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias un recurso contencioso-administrativo contra la resolución por la que se modificaba y actualizaba la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la instalación. Entre los argumentos jurídicos esgrimidos se encontraba el relativo que dicha CT se ubica junto al Río Nalón, zona especial de conservación de la Red Natura 2000, y vierte a sus aguas, sin que la AAI lo haya considerado ni haya adoptado medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones que repercuten en especies. El uso de herramientas como las citadas ayudó a ilustrar este argumento ante el tribunal.

El segundo caso destacable que se presentó en la conferencia se refiere al Plan Nacional Transitorio de Grandes Instalaciones de Combustión (PNT), recurrido por IIDMA ante el Tribunal Supremo. Uno de los argumentos esgrimidos es que el PNT no fue sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, como exige la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica (Directiva EAE).

Se trata de un plan susceptible de afectar de forma apreciable o significativa a las especies o hábitats que integran espacios de la Red Natura 2000. Para argumentar esta afirmación se utilizaron herramientas cartográficas como el visor del SIG del Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el visor de la Red Natura 2000 de la AEMA. Gracias a ello se pudo identificar que de las 29 instalaciones de combustión acogidas a exención del PNT, un total de 9 instalaciones se encuentran ubicadas bien en el interior de espacios de la Red Natura 2000 o en sus proximidades, operando a una distancia no superior a los 5 kilómetros, una ubicación dañina para estos espacios protegidos.

«Una buena gobernanza y el estado de derecho son parte de la ecuación para alcanzar el desarrollo sostenible. Tanto la política como el marco normativo existentes en materia ambiental no están garantizando una protección adecuada del medio ambiente, esencial para el
bienestar humano y el goce de derechos fundamentales inherentes al Estado de derecho.

El acceso a la justicia constituye un medio fundamental para reforzar la aplicación y ejecución de las leyes y políticas orientadas a la protección del medio ambiente. A la hora de acceder a la justicia, uno de los pilares del Convenio de Aarhus, es necesario contar con buenas herramientas de apoyo para fundamentar e ilustrar los asuntos» afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA.

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