Si nos deniegan la justicia gratuita, ¿cómo seguimos protegiendo el medio ambiente?

Con motivo de la celebración hoy 12 de julio del Día de la #JusticiaGratuita, IIDMA considera necesaria una reforma de la ley de acceso a la justicia gratuita que acabe con su ambigüedad y evitar así que se dilaten los procedimientos judiciales.

La existencia de un profuso marco normativo ambiental no garantiza por sí misma la protección del medio ambiente como evidencia el estado de nuestro planeta. Por ello, es fundamental garantizar la aplicación y cumplimiento de las normas ambientales. El acceso a la justicia en asuntos ambientales es un derecho tal y como lo reconoció el Convenio de Aarhus en 1998 del que España es Parte. 

Sin embargo, aún existen barreras para el ejercicio de ese derecho. Una de ellas, a las que nos enfrentamos las organizaciones de medio ambiente en España como IIDMA, es el acceso a la justicia gratuita recogida en la Ley 27/2006 que regula los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, una ley que refleja las obligaciones del Convenio de Aarhus.

Sin embargo, la interpretación de esa Ley es desigual y en algunas Comunidades Autónomas, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita no conceden de facto la justicia gratuita a las organizaciones que queremos personarnos en determinados procedimientos para defender el medio ambiente.

Este es el caso por ejemplo de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde a finales de 2015 solicitamos a la Dirección General de Sostenibilidad acceso a la información ambiental que se nos ha denegado. Este derecho de acceso a la información se está viendo obstaculizado porque la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita nos ha denegado el acceso a la justicia gratuita y hemos tenido que recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (aún pendiente de resolución), lo que implica que los plazos se estén dilatando en exceso e impide que nuestro trabajo de defensa del medio ambiente siga su curso. También en Galicia hemos experimentado dificultades con el acceso a la justicia gratuita exigiéndonos más documentación que acredite que tenemos derecho a la misma.

Aunque se ha avanzado mucho, los trabajos para la reforma de la ley de acceso a la justicia gratuita deben agilizarse para garantizar el derecho que tenemos las organizaciones ambientales a la justicia gratuita. El punto focal español del Convenio de Aarhus (MAPAMA) ya ha señalado que la legislación actual es ambigua, lo que supone un freno para el acceso a la justicia en materia ambiental. El Ministerio de Justicia debe ponerse a trabajar de inmediato para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por España. Cuando la protección del medio ambiente está en juego, los procesos judiciales no pueden alargarse…



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