Reconocimiento legal internacional del sistema terrestre permitiría la protección integral del planeta

  • La directora de IIDMA, Ana Barreira, participa en la iniciativa Common Home of Humanity junto a personalidades de diferentes países que analizan qué beneficios conlleva ese reconocimiento

Madrid, 13 de enero de 2021.- El reconocimiento por parte de Naciones Unidas del sistema terrestre como patrimonio común de la humanidad permitiría integrar el concepto de los límites del planeta en el ordenamiento jurídico internacional, y así se daría un paso para la protección del planeta a escala global, más allá de los límites donde los países ejercen su soberanía, ha afirmado la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), Ana Barreira.

La iniciativa Common Home of Humanity ha lanzado este miércoles una entrevista con la fundadora de IIDMA, como parte de su campaña “Conversaciones de la Casa Común” en las que 20 personalidades de diferentes países exponen cómo se propone el reconocimiento jurídico del sistema terrestre. Para ello, Barreira parte de que los mecanismos actuales basados en el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” no han sido suficientes como lo muestra la actual emergencia climática.

Los elementos del sistema terrestre (Earth System), como apunta la ciencia están interconectados, pero los diferentes acuerdos que los abordan, como por ejemplo las Convenciones de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Diversidad Biológica y Desertificación actúan de forma separada, como lo reconoció el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en su informe “Estado del Derecho Ambiental: Primer Informe Global” (2019), hay poca coordinación institucional entre organismos y también por parte de los gobiernos.

“Es necesario reconocer jurídicamente la existencia del sistema terrestre y que es patrimonio común intangible de la humanidad y hay que analizar cómo esto puede articular nuestra responsabilidad de proteger la integridad del sistema de la Tierra. De esta manera, se podrá lo integrar los límites planetarios en el ordenamiento jurídico internacional. Si es declarado como tal, permitirá que la comunidad internacional comience a interrelacionar los marcos jurídicos existentes” ha enfatizado Barreira.

Los mecanismos actuales reconocen como “preocupación común de la humanidad” el cambio climático o las amenazas a la biodiversidad. Esto implica que se comparte el interés y la carga de responsabilidad, dejando a cada Estado la responsabilidad de evitar que se dañe más, “pero eso no ha sido suficiente y hace falta algo más”.

“Tenemos que introducir reformas y fortalecer el Derecho Internacional. Por eso, reconocer el sistema de la Tierra como patrimonio común de la humanidad ayudará. ¿Y por qué? Porque este principio se aplica a las áreas más allá de los límites de la jurisdicción nacional. Cuando proponemos todo esto debemos ir un paso más allá en el funcionamiento de este principio del derecho internacional”, ha precisado la directora de IIDMA.

Por ello, se hace indispensable un marco institucional para gobernar esta co-gestión, establecer un régimen bajo un acuerdo internacional para proteger el sistema terrestre que permita mantenernos en un estado operativo seguro (safe operating space), así como un reparto de las cargas y de los beneficios derivados de la protección y el uso de las áreas o recursos. “Si combinamos la preocupación común, que ya está reconocida, con el patrimonio común de la humanidad, creo que podemos tener más éxito de lo conseguido hasta ahora”.

El proceso negociador heredero del Pacto Mundial por el Medio Ambiente se presenta como el marco idóneo para incluir principios como la integridad y la unidad del sistema terrestre, y así lograr su reconocimiento como patrimonio común de la humanidad, y en ese proceso de negociación en la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA5) que se celebrará en febrero próximo, la Unión Europea podría desempeñar un papel relevante.

Otro de los aspectos a tratar en este proceso es el uso que se da a la soberanía de los Estados ante problemas medioambientales, por lo que es primordial entender claramente que el sistema terrestre no está bajo la soberanía de ningún Estado, y que existen derechos y obligaciones bajo este principio.

“La obligación que tienen los Estados de asegurar que las actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros estados, o de áreas que se encuentran más allá de los límites de la jurisdicción nacional debe interpretarse como una obligación que requiere no poner en riesgo la estabilidad del sistema terrestre, y por lo tanto no transgredir o sobrepasar los límites planetarios”, ha expresado Barreira.

“Es necesario considerar todos los límites planetarios, y hemos traspasado algunos de ellos. La acción climática es fundamental, pero también necesitamos considerar la protección de la biodiversidad porque está interconectado: No podemos concentrarnos sólo en el clima porque como la ciencia nos ha dicho, podría haber efectos en cascada. Así que necesitamos una biodiversidad saludable para tener un planeta sano, y necesitamos un clima estable para unabiodiversidad saludable. Todo está interrelacionado”, ha enfatizado.

Las Conversaciones de Common Home of Humanity están enfocadas a preparar los debates de la UNEA5 que tendrá lugar del 21 al 26 de febrero de 2021, donde se elaborará el borrador de una Declaración de Alto Nivel prevista para Estocolmo + 50. En esta iniciativa también participan personalidades como el científico estadounidense Will Steffen; la ex canciller de Ecuador y ex presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa; la ex ministra de Medio Ambiente de Brasil, Izabella Teixeira; el académico portugués y fundador de CCH, Paulo Magalhaes; Karl Burkart, cofundador y director ejecutivo de la organización One Earth,  Kim Sang-Hyup, fundador de la Coalición para Nuestro Futuro Común (Corea del Sur) la presidenta de la Asociación de Mujeres y Pueblos Indígenas de Chad, Hindou Ibrahim; el director del Centro para el Derecho Ambiental de Nueva Zelanda, Klaus Bosselmann y el director del Programa Just Security 2020 del Centro Stimson (Estados Unidos) Richard Ponzio, entre otros.