¿Qué debe incluir la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética?

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Ya se ha cerrado el período de consulta pública sobre la Ley de Cambio Climático y Transición energética y el Gobierno ha anunciado el anteproyecto de Ley para principios de 2018. Pero ¿Será esta Ley suficiente para luchar contra los efectos devastadores del reto climático? La Ley debe desarrollarse con carácter urgente, debido a la necesidad de dar prioridad política a los desafíos más inmediatos. No podemos retrasar más la adopción de medidas, los efectos del cambio climático son ya patentes y no estamos preparados. España está sufriendo esos impactos.  Urge el desarrollo de un marco normativo que se aplique y sea eficaz.  Necesitamos aumentar nuestra capacidad de respuesta a las consecuencias del cambio climático y reducir la vulnerabilidad frente a los retos a los que nos enfrentamos

La Ley debe prever una Hoja de Ruta de descarbonización y cierre de las centrales térmicas, un plan de adaptación al cambio climático, y objetivos cuantificados de reducción de emisiones. En concreto, una reducción de un 40% en 2030, tomando como referencia los niveles de emisiones en 1990, con la meta de  llegar a un escenario de Emisiones 0 en 2050. Así, nuestro país seguiría el ejemplo de países como Holanda, Canadá o Reino Unido, que ya han anunciado el fin del carbón y el cierre de sus centrales térmicas entre 2025 y 2030. Además, destaca la importancia de la transparencia, la participación pública y el acceso a la información en materia medioambiental, en coherencia con las obligaciones del Convenio de Aarhus del que España es parte, enfatizando que haya este proceso de participación en la elaboración del Plan integrado de cambio climático y energía.

Es clave que se prevean medidas de monitorización de efectos y consecuencias con un enfoque de gestión de riesgos, prevención y cooperación intersectorial y de los ámbitos nacional, regional  y local . Además, se debe favorecer un marco para la difusión y comunicación de la información medioambiental por parte de las administraciones, y favorecer la integración de objetivos económicos y sociales dentro de los ambientales. En este sentido, la Ley debe favorecer un modelo basado en la economía circular y el ahorro y eficiencia energética, reduciendo el uso de recursos y emisiones.

Otro aspecto fundamental sería la creación de un modelo de “Fiscalidad Verde”, regido por el principio “Quien contamina, paga“, estableciendo impuestos climáticos a las empresas e industrias más contaminantes. ¿El fin? Crear un Fondo para el Cambio Climático financiado con estos impuestos climáticos con el fin de impulsar la ejecución de políticas y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, así como garantizar la ejecución de las medidas de transición justa. También es importante destacar el valor de la I+D+i en materia medioambiental para favorecer el desarrollo de las energías renovables y tecnologías de almacenamiento de energía. Para la aplicación de la Ley de una forma más efectiva, el Gobierno debería también planificar la formación de la judicatura en materia de cambio climático.



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