IIDMA denuncia que las autoridades españolas no respetan plenamente los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales del Convenio de Aarhus

 

Esta semana se celebra en la ciudad de Budva, en Montenegro, la sexta reunión de las Partes del Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales y la tercera de su Protocolo sobre Registros de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR) de los que España es Parte.

“Aún queda mucho trabajo por hacer en España para que se apliquen correcta y completamente los derechos reconocidos en el Convenio de Aarhus, lo que supone un obstáculo a la democracia ambiental” declara Ana Barreira, directora del IIDMA desde Montenegro donde participa en la Reunión de las Partes de este Convenio y de su Protocolo PRTR.

El Convenio de Aarhus adoptado en 1998 y ratificado por España en diciembre de 2004 es un tratado internacional que exige a sus Partes contratantes que garanticen los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental. Todo ello a fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar. “Sin embargo, aún existen barreras para ejercer estos derechos en España que experimentamos día a día en nuestro trabajo”, añade Barreira.

Obstáculos al derecho de acceso a la información

IIDMA solicitó hace más de un año y medio “informes base” sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas de las centrales térmicas de carbón tanto a Asturias como a Aragón. Sin embargo, estas Comunidades Autónomas aún no han facilitado dicha información a pesar de que tienen un plazo de un mes para hacerlo, de acuerdo con el Convenio de Aarhus.

Obstáculos al derecho de participación pública

En marzo de 2017, IIDMA solicitó ante la Administración del Principado de Asturias ser parte en los procedimientos de actualización de los permisos de las centrales térmicas de carbón de esta Comunidad Autónoma. Sin embargo, esta no dio respuesta en el plazo establecido por ley, por lo que IIDMA presentó el correspondiente recurso ante el Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias en junio.

Obstáculos al derecho de acceso a la justicia

Como consecuencia de la denegación del acceso a la información sobre el informe base del estado del suelo y de las aguas subterráneas por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, IIDMA presentó el correspondiente recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, solicitando al mismo tiempo el acceso a la justicia gratuita de conformidad con lo previsto en el Convenio de Aarhus. Sin embargo, ha sido denegada tanto por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita  de Aragón como por el Tribunal Superior de Justicia. “En IIDMA estamos muy satisfechos con el llamamiento de la Sexta Reunión de las Partes del Convenio de Aarhus a España para que adopte urgentemente medidas para asegurar la correcta aplicación de ese artículo con respecto al acceso a la justicia gratuita de las ONGs ambientales”, concluye Barreira.

 



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