La Comisión Europea da un ultimátum a España por diferentes infracciones medioambientales

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El pasado 8 de marzo la Comisión Europea publicaba su paquete mensual de procedimientos de infracción contra los países miembros. El procedimiento de infracción es un medio de control de la correcta aplicación del Derecho de la UE en diferentes ámbitos, incluido el medioambiental y energía realizado por la Comisión Europea como “guardiana de los Tratados”. Entre esos procedimientos figuran varios abiertos contra España en diversas áreas, algo que debería hacer reflexionar a las autoridades sobre la importancia de la correcta aplicación del Derecho de la UE.

En primer lugar, dentro del área de Acción Climática, la Comisión ha instado a España, entre otros países, a transponer la Directiva 2015/652, que incluye normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y otros tipos de energía de fuentes no biológicas. Esta Directiva tiene por objetivo obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el cumplimiento de las obligaciones para lograr una reducción de al menos un 6 % de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020. España todavía no ha incorporado la Directiva a su ordenamiento nacional, a pesar de que fue publicada en 2015, por lo que lleva ya casi tres años de retraso. El Plan Normativo del Gobierno para el año 2018 prevé transponer esta Directiva a través del la futura Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de GEI durante el ciclo de vida y de la energía suministrada en el transporte. Precisamente, el anteproyecto de esa Ley incorpora el anexo ll de la Directiva (UE) 2015/652, del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con dicha Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo. El referido Anexo ll establece el nivel medio de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía derivada de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, cuyo valor es de 94,1 g de C02eq/MJ.

En el ámbito de la gestión y protección de los recursos hídricos , la Comisión ha pedido a España que cumpla con las exigencias de la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE), que tiene el objetivo de reducir y gestionar los riesgos que conllevan las inundaciones para la salud humana, el medio ambiente y la actividad económica. Esta Directiva se transpuso con retraso en su momento, ya que establecía como plazo hasta noviembre de 2009 y el Real Decreto 903/2010 se publicó en el BOE casi un año después. En esta normativa se exigía la notificación de los planes de gestión del riesgo de inundación correspondientes a las diferentes demarcaciones hidrográficas con un plazo máximo de marzo de 2016. Sin embargo, España incumplió ese plazo al no presentar los planes de Cataluña ni de Canarias.

Además, dentro del área de eficiencia energética, la Comisión también ha requerido a España mediante un dictamen motivado para que transponga correctamente la legislación de la UE relativa a contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva 2012/27/UE. Las autoridades españolas disponen de dos meses para subsanar las deficiencias señaladas: los requisitos de eficiencia energética deben ser de aplicación a todos los edificios, siempre que sea factible, y no sólo a los nuevos, considerados como nuevos los construidos a partir de 2007, como recoge de forma incorrecta la legislación nacional (Real Decreto 12/2016).

Todos estos procedimientos de infracción se han abierto tras avisos previos y, en caso de que España no actúe en un plazo, se presentará el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE. Esta es precisamente la situación que se ha dado en el caso de los planes hidrológicos de cuenca de las Islas Canarias, por el cual la Comisión va a llevar a España ante el TJUE por no revisar y actualizar los planes hidrológicos de cuenca para las siete demarcaciones hidrográficas situadas en las Islas Canarias. Tampoco se han incluido las medidas concretas necesarias para alcanzar los objetivos de calidad medioambiental fijados, incumpliendo así la Directiva marco sobre el agua (Directiva 2000/60/CE). De igual forma, tampoco se ha velado por el cumplimiento de las obligaciones de información y consulta públicas en relación con el establecimiento de estos planes. En consecuencia, la Comisión ha instado repetidamente a España a cumplir con sus obligaciones, y ante la falta de actuación ha llevado a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

España está obligada a realizar una correcta transposición y velar por la posterior aplicación de la normativa de la UE. En lo relativo a Derecho medioambiental, todavía queda mucho por hacer y situaciones como las mencionadas se han dado en otras ocasiones. Un ejemplo lo encontramos en la transposición de la Directiva de Emisiones Industriales, sobre la que IIDMA sigue trabajando con el objetivo de asegurar su correcta aplicación en nuestro país. De esta manera, seguimos trabajando para cumplir con nuestra misión: contribuir a la protección del medio ambiente y promover el desarrollo sostenible a través del estudio, desarrollo y aplicación efectiva del Derecho, haciendo hincapié en su Aplicación, Cumplimiento y Ejecución.



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