El informe presentado por la CNMC analizando el Proyecto de Real Decreto de cierre de centrales de generación eléctrica presentado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital coincide plenamente con el enfoque expresado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). IIDMA denunció en noviembre, cuando se publicó el proyecto de RD, que algunas de sus disposiciones contravienen el ordenamiento jurídico, como es el caso de la Disposición Retroactiva, algo que ha confirmado la CNMC en su informe, pronunciándose en el mismo sentido.
El informe destaca el exceso de capacidad instalada en España por lo que el cierre de centrales de carbón en ningún caso pone en peligro la seguridad del suministro. España podría prescindir sin problema de una parte importante de sus centrales térmicas de carbón, y debería abordar este abandono del carbón “de forma global y sin precipitación”, algo que coincide con la el cierre planificado y ordenado de las centrales que IIDMA ha exigido reiteradamente teniendo en cuenta el contexto actual. Asimismo asevera que el proyecto de Real Decreto no contiene metodología alguna que permita poner de manifiesto que el cierre de instalaciones de generación eléctrica pueden resultar en un incremento del precio de la electricidad como ha sido el recurrente argumento del MINETAD. La Comisión también declara que los criterios introducidos por el proyecto de RD podrían ser contrarios a la legislación española y europea provocando un escenario de inseguridad jurídica. El mecanismo de adjudicación de las centrales tras la tercera subasta propuesto por el Ministerio podría contravenir la normativa de la Unión Europea por ser considerada una ayuda de Estado.
Sin embargo, el informe omite algo que IIDMA ha destacado como prioridad al valorar el cierre de las centrales térmicas: la ausencia del criterio de impacto en la salud y el medio ambiente. Según el estudio “Un Oscuro Panorama”, publicado por IIDMA en 2017, las emisiones de las centrales de carbón se pueden relacionar con más de 700 muertas prematuras y costes sanitarios de entre 880 y 1,667 millones de euros. Actualmente están en funcionamiento 15 centrales de carbón en España, que emiten 105.650 toneladas de SO2, 83.723 toneladas de NOx y 4.008 toneladas de partículas, de las que se podría prescindir sin poner en peligro la seguridad de suministro. En concreto, el informe afirma que “el sistema eléctrico español podría prescindir sin riesgo de cobertura de 3.000 MW hasta 2020, es decir, un 30% del carbón existente”
“El informe de la CNMC es impecable jurídicamente y de una rigurosidad exquisita” afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA. “Coincidimos plenamente con su dictamen, la disposición transitoria carecía de sentido además de ser contraria a derecho, y las condiciones nuevas introducidas para el denegar el cierre de instalaciones de generación no están incluidas en la Ley del Sector Eléctrico por lo que su aprobación crearía una situación de inseguridad jurídica inaceptable en nuestro Estado de Derecho. Consideramos este informe muy importante para el futuro del sector, más en el año en el que se está elaborando el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, clave para España. Todos los países de nuestro entorno están anunciando cierres de sus centrales, Macron ha confirmado pasada semana que Francia prescindirá de ellas antes de 2021. El cambio climático es real y España es uno de los países más afectados, urge poner en marcha medidas para combatirlo.”
