El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) junto a CIEL (Center for International Environmental Law) han presentado un Informe Paralelo sobre los impactos que tiene la política energética de España en los Derechos de los Niños ocasionados por la contaminación y el cambio climático procedentes de las emisiones de las centrales de carbón con la intención de que el Comité de Derechos del Niño de la ONU actúe y formule recomendaciones dirigidas al gobierno español para que adopte las medidas necesarias para evitar los impactos que dicha política tiene sobre el Derecho a la Salud de los niños.
En las recomendaciones finales, el Informe Paralelo subraya la preocupación por los derechos de los niños por los impactos en éstos derivados del funcionamiento de las centrales térmicas de carbón. De igual forma, el informe destaca el impacto en la calidad del aire, que afecta de forma directa al derecho a la salud de los niños, protegido en el artículo 24 de la Convención, tanto en el territorio de España como fuera de su jurisdicción. Además, se tienen en cuenta los impactos derivados del cambio climático, al cual contribuyen las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero de estas centrales, que entran en conflicto con los artículos 24, 27 y 28 de la Convención de los Derechos del Niño.
“Con su rechazo a regular de forma adecuada la contaminación provocada por las centrales de carbón, el gobierno de España incumple con sus compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia. El Gobierno tiene la obligación legal de evitar los impactos negativos de su política energética en la salud de los niños en España, así como en el clima” afirma Sébastien Duyk, abogado medioambiental de CIEL.
Según el estudio “Un Oscuro Panorama”, presentado por IIDMA en 2017, las emisiones de las centrales de carbón se pueden relacionar con 10.521 casos de asma y 1.233 casos de bronquitis en un año* en la población infantil, además de costes sanitarios asociados de 1,14 millones de euros. Actualmente están en funcionamiento 15 centrales de carbón en España, que emiten 105.650 toneladas de SO2, 83.723 toneladas de NOx y 4.008 toneladas de partículas, que se relacionan con alrededor de 700 muertes prematuras anuales.
“Solicitamos al Comité de los Derechos del Niño que requiera a España a que adopte medidas de forma inmediata para proteger derechos tan importantes como son los derechos de la infancia. Es inconcebible que este tipo de impactos no se tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, pues suponen un coste inasumible para la sociedad. Es necesario que se ponga en marcha un plan progresivo y ordenado de abandono del carbón, comenzando por el cierre de las centrales térmicas, ya que las emisiones que producen son incompatibles con los Derechos de los niños” afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA.
