IIDMA pide más ambición y alineamiento de la LCCTE con actualización de la UE

  • El proyecto de ley obvia los posibles impactos de la pandemia de la Covid-19 en temas como el PIB o el empleo
  • Sobre el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, el texto debería asegurar que si el gobierno se aparta de sus recomendaciones, tendrá que justificarlo

 

Madrid, 21 de mayo de 2020.- Tras cinco años de espera ayer se aprobó en el Consejo de Ministros el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), que fue remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Sobre el contenido del texto acordado, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) considera que se trata de una Ley Marco que deberá desarrollarse a través de la adopción de una batería de planes y estrategias tales como son el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), la Estrategia de Transición Justa o la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, por citar algunas.

Los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) son poco ambiciosos, de un 20% en 2030 respecto a los niveles de 1990, algo que ya estaba en los primeros textos de este proyecto de Ley en noviembre de 2018 y el posterior de febrero de 2019, cuando el compromiso de la Unión Europea se mantenía en 40%. Mientras el proyecto se encuentre en trámite parlamentario, es previsible que la UE aumente su nivel de ambición pasando del 40% de reducción a un 50%  o 55%, algo que a su vez se reflejará en el recientemente propuesto Reglamento para una “Ley de Cambio Climático de la UE”. Por ello, es esencial estar pendiente e integrar en trámite parlamentario un nivel de ambición en línea con el de la UE.

Los datos que presenta el preámbulo del proyecto de Ley, obvian los posibles impactos que la pandemia de la Covid-19 está teniendo en nuestra forma de vida y los cambios que esta está generando, manteniéndose las estimaciones de generación de Producto Interno Bruto (PIB) y de creación de empleos, que son las mismas que los textos de anteproyecto de Ley de 2018 y 2019, emitidos en un escenario anterior al actual en el que aún son inciertos los alcances de los efectos que esta pandemia tendrá en la economía.

El proyecto enviado a las Cortes deja patente que muchas de las medidas de la lucha contra el cambio climático están bajo competencias que corresponden a las comunidades autónomas, por ello, se echa en falta mecanismos de gobernanza más robustos para reforzar la cooperación con ellas.

En IIDMA creemos que la pandemia ha demostrado que es necesaria una mayor cooperación internacional, al tratarse de un problema global, lo mismo sucede en la lucha contra el cambio climático. Pero por ello, también la cooperación no solo debe practicarse  en el plano internacional, sino también en el doméstico, entre los diferentes niveles de administración.

Sobre el Comité de Cambio Climático y Transición Energética, se estima que el proyecto de Ley lo propone en líneas excesivamente generales. Esta Ley debería ya indicar como mínimo que el Comité contará con recursos económicos suficientes para realizar su labor y que si el gobierno se aparta de sus recomendaciones, tendrá que justificarlo. La pandemia ha demostrado que la toma de decisiones políticas para hacer frente a una emergencia requiere apoyarse en la ciencia y estamos también ante otra emergencia, la climática.

Por otra parte, el proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética, a lo que IIDMA propone que parte de esos recursos se deben dirigir a la transición ecológica, teniendo en cuenta que necesitamos soluciones basadas en la naturaleza.

“Las decisiones políticas deben alinearse con las evidencias científicas. No podemos perder la oportunidad que representa la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para crear un Comité de Cambio Climático y Transición Energética independiente que garantice que la ciencia sea tenida en cuenta en esas decisiones. Es fundamental que la Ley que finalmente sea adoptada por el Congreso incremente la ambición e introduzca los cambios necesarios para que desde su entrada en vigor se pongan en marcha los mecanismos necesarios para lograr sus objetivos”, afirma Ana Barreira, directora de IIDMA.

 



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