IIDMA impulsa un proyecto pionero de formación en Derecho Ambiental para el sector jurídico en España apoyado por la Comisión Europea.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha lanzado en España el Proyecto A2J sobre Acceso a la Justicia en asuntos ambientales, el cual cuenta con financiación del Programa LIFE+ de la Comisión Europea. La presentación tuvo lugar el 25 de abril en la Representación de la Comisión Europea en España (Madrid) y contó con la participación de ponentes como Dimitry Berberoff, magistrado y jefe del gabinete técnico del Tribunal Supremo, y Gabriel Real, profesor titular de Derecho Administrativo y director del doctorado y máster en derecho ambiental de la Universidad de Alicante, entre otros. Uno de los objetivos del proyecto es ampliar el conocimiento y concienciación sobre la importancia de garantizar un acceso efectivo a la justicia y los desafíos que existen en el área mediante sesiones de formación en materia ambiental y herramientas de información. Para ello, el proyecto se dirige a actores clave: representantes de Poder Judicial, Administraciones Públicas a nivel estatal y de Comunidades Autónomas, Defensor del Pueblo, Sector Académico, ONGs de defensa medioambiental y abogados  ambientales, entre otros, los cuales participaron activamente en el acto.

Durante la sesión se abrió un debate sobre los retos y problemas del acceso a la justicia en materia medioambiental en España. Algunos de los principales obstáculos identificados durante el debate fueron: el acceso a la justicia gratuita y la cobertura de medidas cautelares, las dilaciones excesivas de los procedimientos, la falta de recursos y/o formación en profesionales de la Administración Pública, y las grandes lagunas en la formación en derecho ambiental en universidades y falta de incentivos para formarse en este campo entre profesionales del sector jurídico.

“El acceso a la justicia es fundamental para reforzar la aplicación y ejecución de las normas de protección ambiental con el objetivo de garantizar su eficacia. Los obstáculos más comunes en el acceso a la justicia ambiental en España están ligados a la dilación de los procedimientos de recurso administrativo y judicial -justicia retardada, justicia denegada- así como los costes.” afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA y coordinadora del proyecto en España.

El acceso a la justicia constituye un medio fundamental para reforzar la aplicación de las leyes y políticas orientadas a la protección del medio ambiente. El Convenio de Aarhus, tratado internacional sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la toma de decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, ratificado por España, reconoce el derecho de acceso a mecanismos judiciales efectivos por parte del público interesado (que incluye las organizaciones ambientales) para garantizar la protección del medio ambiente y el respeto del ordenamiento jurídico. No obstante, existen problemas patentes de desconocimiento del derecho ambiental entre actores como jueces o profesionales de la Administración Pública, algo que dificulta esta defensa del entorno y los recursos naturales, claves para la supervivencia del planeta.

“Con el apoyo del Programa LIFE+, el Proyecto A2J pretende mejorar la aplicación del Derecho Ambiental a través del acceso efectivo a la justicia ante cualquier vulneración del ordenamiento jurídico en materia ambiental. Para lograr los objetivos del Proyecto es fundamental contar con la participación activa de todos los profesionales del sector jurídico en España” afirma Alba Iranzo, abogada medioambiental de IIDMA y coordinadora del proyecto en España.

El proyecto durará tres años y está coordinado a nivel europeo por las organizaciones europeas ClientEarth y Justice & Environment. Cuenta con la participación de organizaciones a nivel nacional para ejecutarlo en los 8 Estados miembro: España, Austria, Francia, Estonia, Alemania, Hungría, Polonia y Eslovaquia. España fue requerida en 2011 por el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, a solucionar las lagunas en formación medioambiental de la judicatura y las administraciones públicas poniendo en marcha un programa de formación de forma urgente.



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