España debe mejorar la aplicación de la obligación de desembarque si no quiere contribuir al deterioro de las poblaciones de peces europeas

España, Francia y Dinamarca deben mejorar las medidas de control y monitorización de la obligación de desembarque para garantizar su correcta aplicación. Lo contrario amenaza la sostenibilidad de las poblaciones de peces , según informes publicados hoy por la organización europea de derecho medioambiental ClientEarth. El informe de España, elaborado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) para ClientEarth, analiza las deficiencias que aún existen en la aplicación de esta obligación y propone recomendaciones para facilitar dicha aplicación. En 2017, según los últimos datos disponibles, España representaba el 21% de la flota total de la UE en términos de capacidad (tonelaje bruto), lo que convierte al país en un destinatario clave de esta medida.

La medida, que obliga a desembarcar todas las capturas, se introdujo en 2013 para reducir el número de descartes y de capturas no deseadas y para fomentar el uso de técnicas de pesca más selectivas por parte del sector pesquero. Tras un período de introducción progresiva, la obligación de desembarque pasó a entrar plenamente en vigor en enero de 2019. No obstante, los informes publicados hoy muestran que España, Francia y Dinamarca no han adoptado las medidas de control ni los mecanismos necesarios para contabilizar todas las capturas, incluidos los descartes. Se calcula que cada año se devuelven al mar 1,7 millones de toneladas de peces y otros animales marinos. Estos descartes amenazan la sostenibilidad del ecosistema oceánico, que se ve esquilmado con estos descartes innecesarios.

«Mientras continúen los descartes, los científicos no pueden hacer las estimaciones correctas para protegerlas poblaciones de peces. Los descartes pueden resultar en la muerte innecesaria de millones de toneladas de peces cada año. Esto es desastroso para las poblaciones de peces, nuestro ecosistema oceánico y la industria pesquera», afirma Elisabeth Druel, abogada especialista en pesca de ClientEarth.

No obstante, según los informes de la organización, las autoridades españolas están realizando esfuerzos para mejorarla selectividad de los artes de pesca. También afirman que se han comprometido a utilizar técnicas específicas como sistemas de circuito cerrado de televisión o drones para garantizar un mejor control de la obligación de desembarque. Estas medidas son bienvenidas y deben seguir desarrollándose.

 “De acuerdo con la información enviada por España a la Comisión Europea, no se han detectado infracciones de la obligación de desembarque durante 2017 y 2018. Asimismo, España ha notificado niveles excesivamente bajos de desembarques de especies por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación y de descartes. Todo ello indica que es necesario mejorar la monitorización y el control de la obligación de desembarque por parte de las autoridades competentes”, añade Druel.

La oposición y la resistencia por parte del sector pesquero han sido señaladas por las autoridades españolas como una de las dificultades parala correcta aplicación de la obligación de desembarque. La veracidad a la hora de registrar los datos relativos a esta obligación es fundamental para comprender su impacto. Las autoridades españolas deberían incrementar sus esfuerzos para mejorar el registro de esta información y para hacer que el sector pesquero sea consciente de los beneficios que conlleva la correcta aplicación de la obligación de desembarque“.

La obligación de desembarque en España, Francia y Dinamarca:

La Política Pesquera Común (PPC) establece una obligación clara para los Estados miembro y el sector pesquero de contabilizar y desembarcar todas las capturas. Con algunas exenciones, la «obligación de desembarque» se aplica a todas las poblaciones de peces sujetas a límites de captura y, en el Mediterráneo, también a las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas de referencia a efectos de conservación.

Los hallazgos clave de los informes muestran que:

-No se han detectado infracciones de la obligación de desembarque en España para 2017 y 2018, y el país informa de niveles muy bajos capturas y desembarques de especies por debajo de la talla mínima de conservación. La resistencia hacia la obligación de desembarque de la industria pesquera y la falta de transparencia por parte de España dificultan su implementación. No obstante, son bienvenidas las medidas adoptadas para mejorar la selectividad de los artes de pesca y deben seguir desarrollándose.

– La obligación del sector pesquero de reportar información con respecto a la obligación de desembarque no se aplicó hasta 2019, cuatro años más tarde de que entrase en vigor la obligación de desembarque. Hasta 2019 no se sancionó ninguna infracción de la obligación de desembarque. Se está planificando un proyecto piloto para utilizar sistemas de seguimiento remoto para mejorar el control de la obligación de desembarque en 2020.

Las autoridades danesas informaron solo de tres infracciones de la obligación de desembarque en 2017 y 2018.Menos del 1% de las capturas en la importante pesquería de bacalao están sujetas a inspecciones en el mar. En 2018, se descartaron legalmente 382 toneladas de pescado, debido a exenciones a la obligación de desembarque acordadas por las autoridades.



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