El Real Decreto para proteger las centrales térmicas no contempla criterios de salud ni de medio ambiente

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), quien tras analizar el borrador de Real Decreto en el que trabaja el Ministerio de Energía para evitar el cierre de las centrales térmicas de carbón, afirma que carece de sentido en el contexto actual y contiene disposiciones que podrían no estar apegadas a la legalidad. A pesar de que el preámbulo del borrador cita numerosas disposiciones de la Constitución, omite los artículos 43, que establece el derecho a la protección de la salud, y 45, que recoge el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Además de ello, el Real Decreto establecería que el organismo encargado de realizar un informe valorando la coherencia del cierre de una central con el cumplimiento de los objetivos medioambientales y del clima sería la Dirección General de Política Energética y Minas, en lugar de una Dirección General del MAPAMA, ya que es el Ministerio de Medio Ambiente el competente en esas materias.

En el aspecto económico, el Real Decreto además establece disposiciones poco razonables, exigiendo que se presente la información contable de las instalaciones de los tres últimos ejercicios sin tener en cuenta los elevadísimos costes de adaptación que deben hacer para seguir funcionando en un futuro. Las centrales térmicas de carbón en España están operando bajo excepciones a los valores límites de emisión de contaminantes como el SO2, NOx y partículas, como en el Plan Nacional Transitorio, bajo el que se acogen 13 de las 15 centrales. Para poder seguir funcionando a partir de 2020, deben hacer grandes inversiones en sistemas de desulfuración y desnitrificación. Por ejemplo, en un reciente informe, IEEFA ha calculado en 400 millones de euros el coste que tendrá para Endesa la adaptación de las centrales de As Pontes (Galicia), Litoral (Andalucía) y Alcudia (Baleares). En el último caso, el Govern de Baleares ha mostrado su interés en el cierre de Alcudia en consonancia con su Plan de Transición Energética.

De dudosa legalidad es la disposición transitoria única recogida en el borrador previendo la retroactividad del mismo, haciendo que el futuro Real Decreto sea de aplicación a todos los cierres solicitados a partir del pasado 15 de septiembre, algo que contraviene la Ley de Gobierno, pues de acuerdo a la misma  se debería establecer la vigencia de dicho Real Decreto a partir del siguiente 2 de enero o 1 de julio posterior a la aprobación, o en última instancia, la Memoria que acompaña al borrador debería justificar de forma razonada la necesidad de su retroactividad, lo que no sucede. Por ello, llama la atención que con esta retroactividad la solicitud de cierre presentada por Iberdrola el 10 de noviembre estaría dentro del ámbito de aplicación del RD.

En cuanto a los motivos de denegación de cierre que se establecen en el RD, hay que recordar que España tiene un índice de cobertura del 1,3, por encima del mínimo de 1,1 que establece el Ministerio de Energía, por lo que no existe una amenaza real en la seguridad del suministro eléctrico, uno de los motivos principales. Además, el futuro Plan de Energía y Clima, previsto en el Paquete de Invierno de la UE actualmente en negociación, deberá incluir los objetivos, metas y contribución por parte de España en relación con las cinco dimensiones de la Unión de Energía y Clima: descarbonización, metas en materia de energía renovable y eficiencia energética, seguridad, mercado interno de la electricidad y la I+D+i y competitividad.  En esta línea, desde IIDMA se destaca también la necesidad de que, en el proceso de transición energética, es necesario introducir más capacidad de generación fotovoltaica:  España no puede aprovechar la energía solar puesto que sólo un 4,5% de toda la capacidad instalada proviene del sol mientras que en países como Alemania es alrededor del 20%. En la situación actual, en la que las condiciones climatológicas están agotando la fuente de energía hidroeléctrica, es necesario buscar soluciones que ayuden a cumplir con los compromisos internacionales de España, como el Acuerdo de París.

“Este Real Decreto no es razonable en un contexto de transición energética. El Ministerio está demostrando una falta de visión y previsión a medio plazo, ya que un gran número de centrales tendrán que cerrar en julio de 2020 y, en todo caso, como máximo en 2030, ya que el estado de nuestro Planeta así lo exige. Ahora es el momento de unir esfuerzos entre partidos políticos, Gobiernos, sindicatos, empresas y sociedad civil para lograr un plan de cierre ordenado y progresivo, que prevea medidas para garantizar un futuro viable de las zonas afectadas. “ afirma Ana Barreira, Directora de IIDMA.

 



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