El Marco Estratégico de Energía y Clima es positivo, pero debe ser todavía más ambicioso para la lucha contra el cambio climático

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) califica el Marco Estratégico de Energía y Clima como un paso en la buena dirección pero que precisa de medidas más concretas y objetivos más ambiciosos en general, tras el análisis pormenorizado de su contenido, dentro del proceso de participación pública. IIDMA califica como “positivo, aunque mejorable” el borrador del Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC), que fue remitido en febrero a la Comisión Europea para su evaluación y será una de las bases del futuro marco normativo sobre cambio climático y transición energética en España. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), por el contrario, es menos ambicioso que el borrador del 14 de noviembre. La Estrategia de Transición Justa, por su parte, es complementaria a los anteriores documentos.

A pesar de que el PNIEC desplegará cierto número de medidas positivas para la descarbonización de la economía, contiene todavía varios aspectos a mejorar. En especial, los comentarios presentados por IIDMA destacan la ausencia de una fecha clara y vinculante para el fin de la generación a partir de carbón, a pesar de ser técnicamente viable para 2025 y de que supondría un ahorro considerable en las emisiones contaminantes. A ese respecto, señal que entre los años 2015 y 2016 en España, las emisiones procedentes de las centrales térmicas de carbón se han relacionado, entre otros, con más de 1.500 muertes prematuras, de acuerdo con el estudio “Un oscuro panorama: las secuelas del carbón”. Asimismo, ciertos aspectos referidos a la promoción de las energías renovables son escasos en detalles y carecen de hitos de avance definidos. Otras recomendaciones incluyen la mejora en acciones de cooperación regional con otros Estados miembro de la Unión Europea, algo fundamental teniendo en cuenta el carácter interestatal de problemáticas como el cambio climático, la contaminación atmosférica o la mejora de las interconexiones eléctricas.

El PNIEC establece un objetivo de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 2030 de un 20% con respecto a 1990 y no con respecto a 2005, lo cual es positivo, previendo incluso la intervención del Gobierno en caso necesario para adoptar medidas de urgencia si no se cumplen los hitos necesarios para lograr las metas establecidas. No obstante, este objetivo no es lo suficientemente ambicioso para poder limitar el aumento de la temperatura global a muy por debajo del 1.5 ºC. Esta reducción del 20% se sigue enmarcando dentro del objetivo de reducción del 40% de GEI fijado en la Unión Europea con respecto a 1990, valor que se adoptó antes de ser aprobado el Acuerdo de París. Sin embargo, para 2030 la UE necesitaría reducir en su conjunto al menos el 65% de emisiones de GEI respecto a los niveles de 1990 para poder cumplir con el 1.5ºC. Así, España debería también fijar un objetivo de reducción de GEI para 2030 de al menos un 50% con respecto a 1990. Asimismo, la descarbonización del sector eléctrico se apoya principalmente en los pilares de la reducción del uso de combustibles fósiles y su progresiva sustitución por energías renovables, donde se establecen metas que podrían ser más elevadas: un 74% del total de producción eléctrica para 2030 es conservador de cara a llegar a un 100% en 2050.

El anteproyecto de LCCTE, en cambio, es menos ambicioso en comparación con la versión de 14 de noviembre de 2018. IIDMA critica la desaparición de la creación de un comité de Cambio Climático independiente, un órgano fundamental para que la implementación y desarrollo de la Ley se aborde desde un punto de vista estrictamente científico, con el objetivo de que resulte un instrumento eficaz en la lucha contra el cambio climático. También ha desaparecido la posibilidad de incluir mecanismos de presupuestos de carbono en el PNIEC, una medida eficiente para el control y seguimiento de la reducción de emisiones a largo plazo que sí incluía la primera versión. Por último, es necesario incluir en el articulado el objetivo claro de alcanzar la neutralidad de emisiones a 2050.

Dentro de los comentarios destaca también la importancia de la Gobernanza climática, en especial en lo referente a participación pública, algo que se recuerda respecto a los tres documentos del Marco Estratégico. Debe establecerse un marco de gobernanza climática eficiente para garantizar la aplicación de políticas y normativas ambiciosas en materia de clima y energía que permitan alcanzar las metas de los diferentes tratados internacionales, como el Acuerdo de París. Asimismo, se destaca, nuevamente, que el borrador del PNIEC debería haber estado sometido a participación pública previamente a ser enviado a la Comisión Europea, como ya señaló IIDMA, en línea con lo establecido en el Convenio de Aarhus.

Otro punto a tener en cuenta en el Marco son las lagunas en el desarrollo de políticas de formación dentro de las previsiones laborales en los sectores más verdes. Es necesario incluir más planes de formación para la creación de los puestos de trabajo previstos en sectores como energías renovables, donde el PNIEC prevé un crecimiento laboral significativo de entre 102.000 y 182.000 empleos/año para el periodo 2020-2030. Dentro de la Estrategia de Transición Justa se prevén medidas más concretas de Formación Profesional Verde para sectores afectados por la Transición Justa.

El fin del carbón: un escenario poco ambicioso.

En el caso del carbón, el escenario dibujado por los diferentes instrumentos legales es plausible, pero poco ambicioso. No se incluye una fecha concreta para el abandono del mismo, que debería ser 2025 como muy tarde para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático. Por el contrario, el PNIEC asume que las reglas del mercado dejarán fuera a este combustible, el más contaminante, como muy tarde en 2030, debido a la reducción del coste de las energías renovables y el aumento progresivo del precio del CO2 en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE UE).

Un punto positivo en este sentido sería el reconocimiento, incluido en el PNIEC, de que en 2021 sólo 6 de las 15 centrales de carbón operativas en España continúen abiertas, y estas 6 se irán cerrando de forma progresiva en esa década debido al propio mercado, independientemente de las inversiones para actualizarlas. No obstante, no se incluyen medidas específicas para el desmantelamiento o desactivación de las centrales, cuyos cierres se decidirán caso por caso. Eso sí, ni el PNIEC ni la LCCTE contemplan la implementación de ayudas específicas para el carbón.

 

“El sistema eléctrico español tiene sobrecapacidad y puede abandonar el carbón mucho antes de 2030 sin que peligre la seguridad de suministro. Al no incluirse una fecha concreta en un instrumento jurídico vinculante y dejar el cierre de centrales en manos del mercado, se corre el peligro de que algunas continúen funcionando después de 2030.”  afirma Guillermo Ramo, abogado de IIDMA.

“Con la convocatoria de elecciones en abril y la disolución de las Cortes, la Ley y la Estrategia de Transición Justa quedan en suspenso, pero creemos que, sea cual sea el Gobierno de la próxima legislatura, estos comentarios mantienen su utilidad. Es fundamental tener en mente que el cambio climático es un problema que nos afecta a todos, y a cuyos efectos España es un país especialmente vulnerable. La siguiente legislatura debe tener como prioridad la creación de un marco normativo estable con objetivos ambiciosos” afirma Massimiliano Patierno, ingeniero medioambiental de IIDMA.



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