El Gobierno debe presentar un Plan de Energía y Clima ambicioso que cumpla con las exigencias de participación pública.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) requiere al Gobierno, con motivo de la COP24 (Cumbre del Clima) en la que participa España, que presente, para el período 2021 a 2030, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ambicioso de forma urgente sometiéndolo a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y, en consecuencia, cumpliendo con los requisitos de participación pública. Asimismo, pide que el PNIEC contemple 2025 como fecha límite para el fin del carbón en España. La organización ha publicado dos informes* analizando los elementos que debe contener el PNIEC y los requisitos a los que debe someterse; entre ellos, debe ser objeto de una EAE y, por ello, asegurar también una participación del público temprana y efectiva, tal y como exige la normativa en vigor. También pide al Gobierno un compromiso público firme para el abandono del carbón aprovechando la reunión de la Powering Past Coal Alliance (PPCA) durante la Cumbre del Clima en Polonia este jueves.

Los Estados miembro deben elaborar sus PNIECs, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Gobernanza de la Unión Europea, que ha sido recientemente aprobado por el Consejo y en breve, tras su publicación entrará en vigor. Dicho Reglamento establece un marco de gobernanza fiable y eficiente para garantizar la aplicación de políticas y normativas ambiciosas en materia de energía que permitan a la Unión Europea alcanzar sus compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Si las políticas actuales de los Estados miembro y de la UE no se actualizan, no se cumplirían las metas del Acuerdo de París. IIDMA critica en su informe que el propio Reglamento es contrario al Convenio de Aarhus, concretamente su artículo 10, por permitir que los Estados ignoren la obligación de someter a participación pública los borradores del primer PNIEC antes de ser enviados a finales de 2018 a la propia Comisión. Por lo que advierte que muchos de los PNIEC a aprobar por los Estados de la UE puedan ser objeto de recursos judiciales. Asimismo, recuerda al Gobierno que el PNIEC debe ser sometido a EAE, procedimiento al que de momento no ha sido sometido.

Gran parte de las autoridades e instituciones ven la participación pública como un mero requisito formal y no se esfuerzan en garantizar una participación efectiva; esto resta legitimidad a la toma de decisiones, ya que la implicación de la sociedad civil es menor.

“La participación pública en los procesos de toma de decisiones es fundamental para la salud y vitalidad de la democracia. Conviene recordar que los PNIEC deben someterse a Evaluación Ambiental Estratégica de acuerdo con la legislación de la UE. Asimismo, la UE y España son partes contratantes del Convenio de Aarhus. Este Convenio exige que la participación del público en la elaboración de planes y programas relativos al medio ambiente, como son los PNIECs, comience al inicio del procedimiento, sin permitir excepción alguna a esta exigencia. Por ello, esperamos que el Gobierno de España someta a dicha evaluación y a participación pública el borrador del PNIEC para el período 2021 a 2030, de acuerdo con los requisitos del derecho de la UE y del Convenio de Aarhus” afirma Ana Barreira, directora de IIDMA.

Asimismo, IIDMA pide que, en el caso de España, el PNIEC incluya como uno de sus objetivos el fin del carbón fijando una fecha concreta para ello, que debería ser a más tardar el año 2025. En Europa todas las centrales deberían cerrar entre 2020 y 2030 si queremos evitar los efectos más graves del cambio climático, a los que España es especialmente vulnerable. Sin fijar una fecha concreta de fin del carbón en el plan nacional integrado de energía y clima se corre el riesgo de que estas centrales continúen funcionando más allá de esta fecha, lo que conllevaría impactos muy graves en el medio ambiente y en la salud. Esto debe extenderse a todas las centrales españolas, incluidas las que hayan realizado inversiones para cumplir con los valores límite de emisión más estrictos previstos en la normativa europea.

Según el estudio de IIDMA “Un oscuro panorama” hay más de 700 muertes prematuras anuales en España relacionadas con las emisiones de las centrales térmicas de carbón, y los costes económicos sanitarios derivados se cuantifican entre 880 y 1.667 millones de euros.

 

*Informes sobre el PNIEC completos:



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